Coalición Nacional de Viñateros denuncia a grandes viñas

viñasYenny Llanos es, desde el 2015, presidenta y fundadora de la Coalición Nacional de Viñateros de Chile por una industria sin abusos, la cual es una organización de hecho que agrupa 28 asociaciones desde región del Biobío hasta Valparaíso. También es directora y fundadora de la Asociación Gremial de Viñateros del Itata PROUVA AG, la Cooperativa Campesina de Vitivinicultores Ecológicos “COPABIO”; la Sociedad de Viñateros Ecológicos “ECOPARRAS”; y la Asociación de Viñateras Bravas del Itata; además es directora del Comité de Viñateros de Portezuelo.

Al consultarle por las razones de esta participación tan prominente en el rubro vitivinícola, explica que es viñatera por herencia, pues, al morir su padre, heredó y se hizo cargo de un viñedo legado por su abuelo y porque ha visto durante su vida una tremenda injusticia con los pequeños viñateros. Su trayectoria laboral la ha conducido a trabajar en organismos como la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, tratando temas vinculados al libre mercado y normas en su funcionamiento. Desde esta experiencia declara que en la industria vitivinícola nacional no existe ni libre competencia ni transparencia en sus procesos. Resumen conversó con Yenny para informar de la situación de quienes cultivan vides, un segmento del campesinado que en la región se concentra en el valle del Itata y en la comuna de San Rosendo, el cual está expuesto a las arbitrariedades de empresas que operan como oligopsonio.

-A través de distintos medios, han denunciado que las grandes empresas productoras de vino actúan como un oligopsonio, imponiendo precios de compra de la uva a un costo menor que el de producción. Explícanos esta situación. ¿Cuáles son las empresas? ¿De qué forma ejercen el abuso que denuncian?

El 10 de diciembre del año 2015, la Coalición Nacional de Viñateros de Chile, ingresó ante la Fiscalía Nacional Económica, en la ciudad de Santiago, una denuncia colectiva para investigación de la situación de abuso explotativo de posición dominante y competencia desleal en el mercado de la uva, escalando a la industria vinífera en general. Ésta se hizo en contra de las grandes viñas del país, encabezadas por Concha y Toro; San Pedro y Santa Rita, las cuales tienen el 85% del mercado nacional y casi el 50% del mercado exportador de los embotellados. La acción se realizó luego de una serie de denuncias realizadas a este mismo organismo desde el año 2006, por el mismo motivo.

La denuncia se centró en un análisis realizado con apoyo de expertos nacionales e internacionales en la materia, quienes definieron a estas empresas como un “poder comprador altamente concentrado y verticalmente integrado, [que] explota a pequeños productores que están fuertemente atomizados y atrapados a seguir en el rubro, sin poder de negociación o de escalamiento en la cadena, debido a elevadas barreras, economías de escala, la condición estacional y perecible del producto. Este poder dominante incurre en abusos y prácticas desleales, como la fijación de precios predatorios que no cubren los costos ni guardan relación a las variables imperantes en la industria ni al valor con que el producto es percibido en mercados competitivos. Poder comprador que habría escalado en la cadena de los abusos, fijando también el precio de los vinos a productor y con ello, de manera automática, el valor de las uvas. Acciones que constituyen infracción grave a la Ley de Libre Competencia en Chile, DL 211 de 1973”.

Estas empresas no se autoabastecen, pues necesitan alrededor un 70% de la materia prima (uva o vino) de productores externos. Éstas, durante ejercicio 2015, aumentaron sus utilidades entre un 30% y un 112% y siguieron aumentando utilidades en años posteriores, según las memorias anuales que son de acceso público, ya que son sometidas al escrutinio de sus accionistas y de la SVS [Superintendencia de Valores y Seguros].

Los precios pagados por las uvas viníferas a nivel nacional, hasta la pasada temporada, estuvieron lejos de cubrir los costos de producción. La situación que se arrastra por años se hizo crítica en la cosecha del año 2015, cuando los precios de todas las cepas a nivel nacional bajaron en promedio cerca de un 50% en comparación con el año 2014, llegando inclusive a $30 el kilo, muy por debajo de los costos de producción que giraban en torno a los $150 por kilo, en régimen. Estos precios no son consistentes con los valores del vino nacional a los consumidores, ni con el valor y la demanda del vino chileno a nivel internacional, lo cual es relevante si consideramos que se exporta el 80% de la producción nacional.

Por ejemplo, el precio pagado por la uva cabernet sauvignon la temporada 2015 en Chile, representó no más del 15% de los de lo que recibieron los productores de California en Estados Unidos por esta misma cepa, lo que da cuenta también de competencia desleal, tanto para los otros envasadores chilenos que producen su propia materia prima, como para los productores de otros países que tienen un costo real por la materia prima. Pensamos que la uva/vino debería ser considerada un commodity, así como la leche, el arroz, el trigo, etcétera y al fijar sus precios se deberían tener en cuenta los precios internacionales de éstos.

Cuando vivimos esta situación sentimos la vulneración del espíritu de la libre competencia, de los derechos y de la dignidad de cada uno de nuestros productores y sus familias. Y entendemos que las altas utilidades de las grandes empresas compradoras no provienen, entonces, de la eficiencia en su gestión, sino más bien de la expropiación de la renta de los más débiles de la cadena productiva.

El actor dominante u oligopsonio abusivo de la industria del vino, justifica los bajos precios pagados por un supuesto sobre stock [exceso de oferta] de uva/vino, pero este argumento fue técnicamente refutado, pues si hubiese sobre stock, los grandes actores no estarían haciendo vino con desecho de uva de mesa, agregando 7% de agua, ni expandiendo sus plantaciones que vienen a aumentar los volúmenes y van en desmedro de la calidad del vino.

-¿Qué está ocurriendo ahora mismo con su situación productiva?

Dado los abusos que se arrastran por años, y no viendo posibilidades de mejoras o con un escenario mas bien incierto, se siguen perdiendo hectáreas de viñedos. Las pymes viñateras, que pueden, están arrancando y reconvirtiendo su producción, sobre todo en Maule y O’Higgins. En Biobío, la reconversión es compleja por la falta de agua, pero hay abandonos, venta de tierras que son forestadas y así se siguen enterrando viñedos centenarios.

Por otro lado, los grandes de la industria han plantado miles de hectáreas y, aun así, la velocidad de plantación de las empresas no logra equiparar la pérdida de viñedos producto del arranque de las vides de pequeños y medianos propietarios. Así quedo reflejado en el último catastro vitícola del SAG, publicado en marzo de 2018, el cual da cuenta que la superficie plantada con vides para vino a nivel nacional retrocedió en un 3,2%, unas 4.543 hectáreas menos. La región del Biobío es la más afectada con la pérdida del 20% de su superficie plantada.

Para esta vendimia 2018, según información que pudimos obtener de las asociaciones adheridas a la Coalición, entre el Maule y Valparaíso, el kilo de uva subió entre un 30 a 55%, respecto a la cosecha 2017 para variedades francesas, estableciéndose un rango entre $300 a $400 para estas uvas.

En Maule, para las variedades no francesas, como la Negra País y la Blanca Italia o Moscatel de Alejandría, subieron entre un 28% a 50%, con precios promedios para la País entre $225 y $250 y para la Moscatel entre $230 y $270. Esta información de precios fue ratificada por el Boletín de ODEPA que entrega precios pasada la vendimia.

Los precios de las uvas escogidas, seleccionadas o lotes premium, que no son más del 10% de las compras de todas las cepas, se concentraron alrededor los $500 por kilo desde el Maule al norte. Esto dejó un balance positivo para los viñateros de Maule a Valparaíso, después de muchos años sin recuperar costos de producción.

Esto no pasó en la región del Biobío con cepas emblemáticas como la Negra País, Blanca Italia o Moscatel de Alejandría que representan casi el 80% de la superficie plantada de vides de la región. La Moscatel se pagó entre $150 y $170 por kilo, prácticamente el mismo precio obtenido el año pasado, lo cual está bajo los costos de producción. Por su parte, la Negra País se pagó entre $180 y $240 por kilo, concentrándose en $200, un poco mejor que el año pasado y que años como el 2015, cuando el kilo se pagó a $30. Sin embargo, si se consideran los costos de producción que bordean los $200 por kilo en régimen y si agregamos las pérdidas productivas en varias zonas de Itata, el balance no es alentador. La mayoría sigue trabajando a pérdidas.

En Biobío los viñateros están nerviosos, preocupados, decepcionados, de capa caída, porque si trabajaron a pérdidas para un año promisorio como éste, qué se espera para los próximos. Se siente impotencia de saber que solo a un par de kilómetros, en Maule, la Moscatel de Alejandría se transó en promedio un 56% más cara que en Biobío. ¿Por que se dan estas diferencias de precios entre Maule y Biobío para una misma cepa? ¿De qué han servido los casi 5.500 millones de pesos gastados por el Estado en fomento del rubro en la región del Biobío en estos últimos tres años? ¿De qué han servido los centros de acopio de uva financiados por el Estado, si con todo este show se paga peor que en Maule? Mientras tanto seguimos perdiendo hectáreas, producción y empleos en el sector. ¿Se está atacando la raíz del problema? ¿Se están gastando bien los pocos recursos que llegan al rubro?

A nivel nacional la preocupación en los viñateros ya existe para el año que viene, porque la prensa ha divulgado que los precios obtenidos en esta vendimia no se repetirán. Estamos preocupados por los millones de toneladas de uva de mesa que fue rechazada para la exportación y que finalmente se vinificaron. Además, lo estamos por toda la uva de mesa que quedó en cuarentena por estar afecta a la mosca de la fruta y no se pudo exportar, la cual también se vinificó. Nos preocupa, porque de seguro tendremos aumentos de producción considerable, no por vino de cepa noble con D.O. [denominación de origen], sino de vino de uva de mesa de descarte, camuflado como vino con D.O.

Las empresas aumentan sus inventarios de oferta de uva/vino, comprando bayas de descarte a precios casi regalados, y así justifican los ínfimos precios de uva y vinos a productor. Por ello y para resguardar la calidad del vino, entre otras medidas, es urgente prohibir la vinificación de uva de mesa.

-¿Cuál ha sido la intervención de la Fiscalía Nacional Económica?

El actuar de la FNE ha sido pobre, por decir lo mínimo. Este es un problema que se arrastra por años, de hecho se ha golpeado la puerta de la FNE en varias oportunidades en los últimos 12 años: 2006 – 2007 – 2009 – 2012 – 2013. La última, fue colectiva a nivel nacional, el 10 de diciembre de 2015. En esta denuncia la Coalición Nacional de Viñateros de Chile entregó todos los antecedentes, de hecho la propia FNE, nos sugirió antes de formalizar la denuncia con ellos que, con la información que teníamos, podíamos ir directamente al Tribunal de la Libre Competencia. En junio del 2017, la FNE se pronunció y en su informe reveló posibles anomalías en el mercado de la uva de índole sectorial que podrían estar afectando la competitividad de los productores de uva y vino, envió oficios al Ministerio Agricultura, ODEPA [Oficina de Estudios y Políticas Agrarias] y SAG [Servicio Agrícola y Ganadero], para que adoptaran medidas adecuadas en materia de fiscalización y normas en relación:
-a que la uva de mesa no debería ser vinificada,
-al porcentaje de agua en el vino,
-al etiquetado de vinos,
-la determinación de precios de la uva,
-la calidad y oportunidad de la información de mercado, entre otras.

Por otro lado, la FNE calificó como riesgosa una declaración emitida por la viña Concha y Toro, el 22 de Febrero 2016, en la Revista del Campo de El Mercurio, señalando que las empresas deben abstenerse de difundir información errónea que dañe el mercado. En tal publicación, Concha y Toro declaró que no compraría uvas tintas porque estaban sobre abastecidos y que, por consideración, a los pequeños productores podrían comprarles, pero a no más de $100 el kilo. A ese día se le llamó el lunes negro en la vitivinicultura, pues los precios bajaron y se deshicieron contratos. Pero nunca hubo sobreproducción, ni sobre stock, y la propia Concha y Toro siguió comprando con las ventajas ocasionadas por esta publicación.

A pasar de todos los antecedentes, la Fiscalía informó que no fue posible establecer abusos competitivos por posición dominante, debido a no comprobarse que los agentes de la industria vinifera tuviesen una posición dominante. Por ende archiva la causa, sin perjuicio de que los demandantes pudiesen concurrir directamente al Tribunal de la Libre Competencia.

La respuesta de la FNE provocó una gran desilusión para las pymes viñateras del país y para otros rubros agrícolas que seguían de cerca el caso. Después de un año y siete meses de la última denuncia y de más de 12 años de denuncias consecutivas, se entregó un informe pobre, sin investigación, omitiendo información relevante que fue entregada, con la cual se pudo haber establecido lo que ocurre en la industria y tomar medidas concretas para el cese de los abusos denunciados.

Se obvió un problema de libre competencia, desestimando los abusos de manera muy ‘light’, sin dar una explicación técnica de cómo se establecen los precios de compra de la uva y vino a productor. En consecuencia, vemos vulnerado el Estado de Derecho. Vemos que las instituciones claves en la persecución de los delitos económicos no operan como deberían y vemos cómo las pymes viñateras, motor, corazón de la industria y las grandes generadoras de empleo, están siendo explotadas y vilmente aniquiladas, bajo el silencio complaciente de las autoridades de turno. Que la FNE no haya querido probar los abusos y denunciar los hechos en el Tribunal de la Libre Competencia, no significa que no existan.

-¿Cuántas son las personas que podrían ser calificadas como viñateras/os y cuál es el promedio de hectáreas que poseen?

Según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base último Censo Agropecuario del 2007, habrían 17.529 productores de vides viníferas, de los cuales 9.105 serían de la Región del Biobío.

En términos generales, a nivel nacional, el promedio es alrededor de 7 hectáreas por productor. Pero la media varía, dependiendo de la región o donde se ubiquen. Así, en la Región del Biobío tenemos que el grueso de los viñateros concentra entre 1 y 3 hectáreas. En Maule, O’higgins, Metroplitana y Valparaíso el promedio sube casi en este mismo orden y el perfil es bastante más heterogéneo.

-¿Cuáles son las asociaciones con mayor membresía?

A nivel nacional, la de mayor membresía es la Asociación Gremial de Viñateros del Itata, que agrupa a asociaciones comunales del valle. Luego tenemos a asociaciones en el Maule Sur, Maule Norte, O’higgins y las de menor membresía están en Valparaíso.

-¿Cuántas son las personas que laboran en las diversas faenas propias del cultivo de vides?

La viñatería es altamente intensiva en mano de obra, desde la poda hasta la cosecha, y se estima que habrían alrededor de 60 mil empleos a nivel país ligados directamente a la viñatería.

-¿Cuál es la proporción que representa su producción en el total nacional?

Las pymes viñateras del país abastecen alrededor del 70% de uvas y vino que las grandes viñas necesitan para hacer frente a sus ventas.

-En otras zonas, con larga tradición vitivinícola, las agrupaciones viñateras han logrado producir y distribuir su propio vino con excelentes resultados económicos y también en la sostenibilidad de su actividad, en tanto su producción se valora por las singularidades propias del terruño, las cepas cultivadas y las decisiones en la vinificación. ¿A qué factores se debe que en Chile, en general, los productores de pequeña escala no se conviertan en autores de sus vinos?

Bueno, un buen ejemplo es Francia con una historia vitivinícola milenaria enfocada en la calidad. Allí no hay gran concentración en la industria, porque no se permite. Por tanto no hay empresas lo suficientemente poderosas para aplastar o abusar del resto, lo que ha permitido que las pymes puedan competir libremente. La industria es muy ordenada, altamente regulada y controlada, por ejemplo hay regulación para las nuevas plantaciones, no cualquiera puede plantar, eso se hace según la necesidad y se evita la concentración de los actores. Las denominaciones son realmente Denominaciones de Origen, reguladas y muy controladas para permitir, incentivar o garantizar la calidad y evitar malas prácticas. La productividad por hectárea según D.O. también es reglamentada, los métodos de producción, etcétera, pero en Chile…

En Francia existe una sólida institucionalidad de parte del Estado en torno a la industria que la cuida como hueso santo. Hay instituciones públicas, solamente dedicadas al sector, trabajando por el bien de todos en la cadena, generando políticas, estadísticas, reportes, promoción, fiscalizando y corrigiendo las malas practicas. Eso es un fiel reflejo de estar enfocados y proteger calidad.

En lo que a fomento se refiere, la agricultura en los países europeos está altamente subsidiada. Allí se protege a los agricultores, sobre todo a las pymes. Hay una cultura de cooperativismo en serio, con políticas especiales, que no es para protegerse de las malas prácticas del actor dominante (porque no existe), sino más bien para abaratar costos con las economías de escala.

Si miramos a Chile, está a años luz de eso, y todo pareciera indicar que estamos en una dirección totalmente opuesta y con discursos contradictorios. Por una parte, se anuncia un enfoque hacia el segmento premium, pero las malas prácticas están a la orden del día, como el empleo de agua en la vinificación y el uso de uva de mesa descartada. Uno ve los parronales de alta productividad que están plantando las grandes empresas con trabajos, como la poda y cosecha, mecanizados al máximo y cabe preguntarse si se podrá obtener calidad de allí o vino premium. Por otro lado, las pymes que producen uva de calidad están arrancando sus vides, porque su calidad no es reconocida ni pagada. Los pequeños que producen vinos enfrentan altos costos, y una competencia desleal con vinos hechos con uva subsidiada, agua, desechos de uva de mesa, y otras malas prácticas.

-¿Qué tipo de políticas hacen falta para el desarrollo sustentable de su actividad?

La coalición ha entregado varias propuestas en busca de medidas para la libre competencia que regulen y transparenten la industria. Que se equipare la cancha para que todos podamos competir, además del fortalecimiento de la institucionalidad.

Nuestras expectativas están puestas en terminar con prácticas abusivas, prácticas tales como:

-Que los precios de uvas y vinos a productor sean fijados al arbitrio exclusivo de los grandes o actores dominantes en la industria, sin consideración de las variables reales, evidentes del mercado. Se necesita mayor transparencia en la determinación del precio de uvas y vinos a productor, así como en las variables y parámetros que deberían ser consideradas para dicho efecto, donde se tengan en cuenta los valores internacionales pagados en mercados competitivos.

-Que la uva mayoritariamente se transe en el mercado SPOT.

-Que el precio de la uva se anuncie en fechas ad portas de la vendimia.

-Que las empresas inicien la compra tarde o cuando se les da la gana.

-Que se compre la gran mayoría de uva como genérica, no siendo genérica, no pagando calidad, ni grados
-Que exista información de mercado errática, inoportuna, poco seria, falta de análisis, que vaya en desmedro de los productores.

Es de nuestro mayor interés poder mejorar la calidad e imagen del vino chileno, para lo cual se hace necesario:
-La prohibición de vinificación con uva de mesa.
-La derogación de la norma que legalizó la incorporación de hasta un 7% agua en el vino, la cual dio pie a sobrepasar ese porcentaje, pues no se controla.
-La anulación y/o revisión de la nueva categoría de vinos semidesalcoholizado y desalcoholizado, que no cumple con la definición de vino según la ley.
-La reglamentación de nuevas plantaciones.
-La reglamentación de las denominaciones de origen.
-Normar el etiquetado de los vinos en cuanto a agua, preservantes, clarificantes, conservantes y otros aditivos que algunos contienen y no están siendo rotulados.
-Mayor fiscalización al etiquetado de vinos en cuanto a la cepa que lo componen.
Modificar las multas, para que éstas puedan tener relación con el beneficio obtenido al quebrantar las ley y así desincentivar las infracciones

Creemos que es necesario mejorar:
-El reglamento especial para la uva vinífera (Decreto 122), en el marco de la ley 20.656, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios.

-La calidad, oportunidad de la información de mercado, como informes de cosecha, inventarios, observatorio de precios previa y durante vendimia, informes de costos de producción, informe ventas nacionales, etcétera.

Creemos imperante:
-Iniciar una investigación a la brevedad que permita dar una explicación técnica de lo que pasa en la industria del vino, que aclare las razones técnicas de los precios predatorios por debajo de los costos de producción que se pagaron.
-Fortalecer las competencias técnicas y la especialización en la industria del vino en los distintos estamentos que manejan asuntos de normas, políticas y estadísticas ligados al sector, tales como el SAG y ODEPA, o bien crear una institucionalidad especialista que centralice los temas de la industria, como sucede en otros países vitivinícolas.
-Fortalecer la institucionalidad en materia de libre competencia, sobre todo en los mercados agrícolas.

-Según el boletín del vino de ODEPA, correspondiente a enero de 2018, la producción de vino en la región del Biobío decayó un 52,3%, pues de los 40.363.000 litros producidos en 2016, disminuyó a 19.243.000 litros el 2017. ¿A qué causas se debió este descenso?

Varios factores influyeron en la baja. Hubo heladas, sequía, oscilaciones bruscas de temperatura (golpes de sol) agravadas por los incendios forestales y la falta de recursos para afrontar el ciclo productivo, producto de las tremendas perdidas por el precio bajo el costo de producción al cual se ha vendido la uva estos últimos años.

-En algunas publicaciones se ha hecho referencia a las repercusiones nocivas de la industria forestal en el cultivo de vides ¿Cómo se expresa ello en el Valle del Itata?

El mayor daño provocado por las forestales es en la disminución del agua, lo que ha afectado la productividad de las vides, la agricultura en general y la vida de las comunidades que son, en gran parte del Valle, abastecidas por camiones aljibe. Ni mencionar los efectos de los incendios forestales del 2017, que afectaron el rendimiento y quemaron viñas. Es un peligro latente, porque nada ha cambiado.

Antes de la llegada de las forestales, teníamos mucho más agua, más variedades de flora y fauna, también llegaron enfermedades y bichos dañinos que antes no se conocían en la agricultura. Los agricultores y viñateros, en particular, están insertos o invadidos por estas plantaciones, y son totalmente vulnerables a incendios, fumigaciones aéreas masivas que contaminan y matan todo a su paso, plagas que se han hecho resistentes, etcétera.

Una parte importante de los derechos de aprovechamiento de agua del río Itata, fueron inscritos por la gran empresa forestal y, como si eso no fuese suficiente, siguen construyendo pozos profundos e inscribiendo derechos de agua. Nos están dejando literalmente secos, sin esperanzas, condenando al valle a la pobreza y muerte, porque sin agua no hay vida.

Viñedos de más de 200 años han quedado sepultados por pinos y eucaliptos. Tierras de uso agrícola que hasta poco eran sembradas con trigo, lentejas y otros cultivos, también están bajo plantaciones forestales. Un grave daño al patrimonio y a la economía local.

-También han evidenciado diversos impactos del cambio climático en el cultivo de las vides, ¿cómo se manifiestan éstos y qué medidas resilientes proponen para abordar estos problemas?

La falta de lluvias y el aumento u oscilaciones bruscas de temperatura en las últimas cosechas han provocado drásticas bajas en la producción, principalmente en la región del Biobío, donde, según el catastro del SAG correspondiente al año 2015, el 81% son plantaciones de secano, es decir las viñas solo reciben agua de lluvia. Junto con ello, los golpes de sol han provocado pérdidas significativas en las últimas dos cosechas.

En lo particular, en la Región del Biobío, la falta de lluvia se aborda principalmente con riego, también técnicas agroecológicas que permiten mantener o retener humedad y agua por más tiempo, puede ayudar. Obviamente, si se pueden arrancar los eucaliptos y pinos que rodean las viñas, también suma.

Respecto al daño por golpe de sol, que afecta también otros frutales, se podría disminuir con riego, manejo foliar, uso de bloqueadores solares, mallas, entre otros. Se tendría que evaluar y ver su costo y beneficio. Se ha observado que en las viñas desprovistas de vegetación, porque es eliminada con herbicidas, el daño es mayor. Así, una buena medida sería cultivar bajo métodos sustentables propuestos por la agroecología. Esperamos que las asesorías técnicas y los programas de fomento existentes por parte del Estado puedan abordar o aportar en esta línea, porque las pérdidas son considerables y es un problema que va en aumento.

-Han realizado reclamos ante la permisión de comercializar vino embotellado con un 7% agua añadida. ¿Qué efectos tiene ello en la calidad del vino y su producción? ¿Cuáles son las normas, respecto a esta cuestión, vigentes en países como Francia, España, EE.UU. o Australia?

La definición de vino en Chile, según el artículo 16 de la ley 18.455 de 1985 que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, señala: “El vino sólo podrá obtenerse de la fermentación alcohólica del mosto de uvas frescas o asoleadas de la especie Vitis vinífera”. Por otro lado, el artículo 36 de la misma ley señala: “El vino envasado, para ser expendido y destinado al consumo directo, deberá tener una graduación alcohólica mínima de 11,5 grados, con un máximo de 1,5 gramos de acidez volátil por litro, a menos que se trate de vinos generosos y licorosos respecto de los cuales las graduaciones mínimas serán de 14° y 16° grados, respectivamente”

La adición de agua al vino es uno de los fraudes más antiguos. No es lo mismo un vino genuino, concentrado y generoso que un vino adulterado con agua, que es más delgado y de menor calidad sensorial, desbalanceado o artificialmente balanceado. En palabras simples, la calidad del vino se diluye, y lo más grave que el consumidor paga por vino, pero le están vendiendo un porcentaje de agua, que ni siquiera sabe, porque no está siendo rotulada. Además, cuando se agrega agua al vino, no debería llamarse vino, sino que ello pasa a ser una bebida en base a vino.

Chile, presionado por los grandes de la industria, legalizó el agua en vinos hasta un 7% el 2013, supuestamente, considerando el lavado de maquinaria, adición de aditivos e hidratación de levaduras, modificando el Decreto 78 de la ley N°18.455. Esta decisión, que no fue consultada a las pymes viñateras, ni tampoco fue informada a los consumidores, ha sido altamente cuestionada desde el 2015 por la Coalición y sus asociaciones adherentes, ya que no todos adicionan agua al vino bajo tales conceptos (lavado maquinaria, adición aditivos, hidratación de levaduras), y si la usasen, los porcentajes establecidos son exageradamente altos, no hay justificación técnica para tan elevado porcentaje de agua legalizado, pues un 1% ya sería excesivo.

De hecho, por ley de transparencia el año pasado la Asociación Gremial de Vitivinicultores de Maule Sur, adherida a la Coalición, pidió al Ministerio de Agricultura, el informe técnico que llevó a tomar tal decisión el 2013. Pensábamos encontrar en dicho informe la justificación técnica en detalle, o sea los cálculos que llevaron a definir un 7%, el tipo de vino o cepa y a qué nivel de producción se necesitaba esa cantidad de agua. Para gran sorpresa nos comunicaron que no existía tal informe y que la decisión sólo se tomó en base a una conversación en una “mesa público-privada” organizada para este y otros temas como el desalcoholizado de vinos que importaban a la industria. Entonces pensamos que detrás de este exagerado porcentaje legalizado se esconderían otras malas prácticas, como lo es el alargue de vinos o el rebaje de graduación alcohólica con agua (técnica prohibida en Chile según el decreto 78 art.27 letra A, de la ley N°18.455), perjudicando a toda una industria.

Esta decisión constituye un grave engaño a consumidores, ya que no se está rotulando dicho porcentaje de agua y, por otro lado, la fiscalización y control es muy difícil y cara de hacer, por cuanto no se esta realizando. Para el control de agua en vinos, recién el 2015, Chile adquirió una máquina que costó alrededor de 300 mil dólares. Es un espectrómetro de masa que, mediante relaciones isotópicas, puede detectar el agua exógena en vinos, pero primero se necesitan establecer los patrones de análisis, para lo cual es necesario de tomar muestras en periodo de cosecha de todas las uvas en las distintas zonas vitivinícolas y fuentes de agua posible, lo cual hasta el año pasado no se había hecho aun para todas las zonas o regiones vitivinicolas. Por tanto, Chile no está en condiciones de asegurar la calidad del vino que exporta o que se vende en el mercado nacional, poniendo en riesgo la imagen de toda una industria y sus productores por la avaricia e irresponsabilidad de algunos. De hecho, productores argentinos reclamaron el año pasado por la importación de vino chileno con agua a Argentina, y acusaron competencia desleal, ya que la ley Argentina, no permite agua en vino bajo ningún concepto. Es más, el sector vitivinícola de la Unión Europea, está pidiendo incorporar en el etiquetado un listado de ingredientes para obligar a vinos importados a ser más transparentes en sus prácticas, que difieren de las de vinos europeos, como es el caso de la adición de agua.

Adicionalmente, la legalización del agua en un 7% el 2013, dio además pie al uso indiscriminado de agua por sobre el 7%, sin ningún control. Esto viene a aumentar artificialmente los caldos o stock de vinos generando una pérdida en el valor de las uvas y vinos pagados a productor y, finalmente, en la calidad de los vinos comercializados. Si tomamos la producción nacional de vino de 2015, de 1.286 millones de litros, un 7% de agua implicaría, en inventario, la existencia de 90 millones de litros de agua, lo cual corresponde a más de dos veces la producción vinífera de la región del Biobío de 2015. La situación se agrava si consideramos que las empresas empiezan a comprar cuando las uvas están remaduras, con alto contenido de azúcar (consecuentemente de alcohol), en etapa de deshidratación, con pérdida de peso y luego, el mosto, lo diluyen con agua. Por ejemplo, si se cosecha cuando la uva da 15 grados de alcohol, se puede agregar hasta un 27% de agua para tener una graduación final de 12 grados. El añadido de agua es un tremendo negocio para algunos, a costa de los consumidores, los productores y la calidad e imagen del vino chileno.

El Código Internacional de Prácticas Enológicas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), máximo organismo técnico de este rubro en el mundo, al cual pertenecen 46 países productores vitivinícolas, incluyendo Chile, Francia, España, Italia y Argentina, no considera la adición de agua al vino bajo ningún concepto. Solo el agua es aceptada para productos derivados del vino. Es perentorio tener presente que este código de prácticas enológicas constituye un documento de referencia técnica y jurídica, que tiene como objetivo la normalización de los productos del sector vitivinícola, que debe servir de base para establecer las reglamentaciones nacionales o supranacionales e imponerse en los intercambios internacionales.

En el Reglamento (CE) N° 491/2009 del Consejo del 25 de mayo de 2009 que modifica el Reglamento (CE) N° 1234/2007, por el cual se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas en la Unión Europea. En el anexo XV de este documento se indica: “Todas las prácticas enológicas autorizadas excluirán la adición de agua, excepto por necesidades técnicas específicas”. También se consigna: “Los Estados miembros podrán limitar o excluir la utilización de determinadas prácticas enológicas y establecer restricciones más severas para los vinos autorizados por la normativa comunitaria producidos en su territorio, con el fin de asegurar el mantenimiento de las características esenciales de los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, de los vinos espumosos y los vinos de licor”.

Así como las denominaciones de origen más prestigiosas del mundo en Europa (francesas, italianas y españolas) excluyen en su reglamentación la adición de agua exógena en vinos. Argentina, gran productor de vino en el mundo, en su ley general de vino Nº 14.878 señala: “Queda prohibido la adición de agua al mosto o vino en cualquier cantidad, forma o momento”. La ley argentina, además, establece que ningún producto “adulterado”, “aguado” o en infracción podrá ser librado para consumo y toda persona responsable de la adulteración o falsificación será reprimida con prisión de tres a diez años.

Son solo un par de países que han legalizado el agua en vino definiendo un límite como: Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos (este último no pertenece a la OIV). Además, para la legalización de agua en vino, EE.UU. aludió a problemas técnicos en la fermentación, que no es el caso o la justificación dada el 2013 en Chile para legalizar el agua. También, convengamos que Estados Unidos tiene un mercado competitivo, allí los precios de uvas y vinos a productor reflejan las variable reales de mercado, allí no existe alta concentración de la industria, porque la leyes antimonopolios lo prohíben. En EE.UU., durante la temporada 2014 – 2015, la uva Cabernet Sauvignon se transó en promedio US$1,303 el kg (unos $900) mientras en Chile se transaba $105, en promedio, y en su valor mas bajo se registró en $70 muy por debajo de los costos de producción..

Si Chile quiere apuntar a calidad, vinos premum y subir el pelo al vino chileno, como es lo que especialmente predica la gran industria, el agua no es el camino y pone a todo un sector en riesgo. Basta con mirar a Francia, copiemos a Francia… Si el consumidor quiere tomar vino con agua habrá que crear una bebida la que contenga, pero no agüemos la imagen del vino chileno, ni le vendamos al consumidor agua, en vez de vino.

-Han criticado la ausencia de obligatoriedad de declarar el contenido nutricional del vino. Explícanos qué propicia esta situación y cómo afecta a la población chilena.

Más que contenido nutricional creemos necesario mejorar el etiquetado en lo que respecta a ingredientes y las cepas que lo contienen para transparentar al consumidor lo que esta realmente comprando y, de ese modo, pueda diferenciar y decidir con la mayor cantidad de información posible.

El vino hace rato que dejó de ser solo jugo de uva fermentado y, tal como ocurre con otros alimentos o bebidas, muchos o la mayoría de los vinos contienen aditivos con el objetivo de modificar o corregir caracteres organolépticos, facilitar o mejorar su proceso de elaboración y conservación. Entre éstos podemos contar: agua, conservantes, preservantes, estabilizantes, clarificantes, etcétera. Para enterarse de detalles de los aditivos permitidos en el vino se puede revisar el Decreto 78 de la ley 18.455, en especial los artículos N° 22, 23 y 24.

Por otro lado, tenemos vinos que son solo jugo de uva fermentado, sin aditivos, ni agua, por lo general producidos a baja escala en forma artesanal por pequeños productores. Tomar un vino rectificado y/o balanceado con aditivos, no es lo mismo que tomar un vino natural, solo de jugo de uva. Esto es importante consumidor lo sepa y pueda decidir informado y, junto a eso, diferenciar al productor que se esfuerza por llegar a elaborar un producto de calidad, con la mínima ayuda de aditivos y que prefiere desechar un vino que perdió propiedades antes que rectificarlo o arreglarlo con aditivos.

-Han denunciado la elaboración de inventarios con datos erróneos, por parte de la industria vinícola. Explícanos cómo ocurre esto y qué efectos tiene en el desarrollo de las actividades propias de la cadena productiva del vino.

Una de las principales excusas para pagar precios bajo el costo de producción y/o precios bajo el valor real del mercado de uvas y vinos a productor que los grandes empresarios esgrimen, es el sobrestock de vinos. De allí nuestra preocupación y seguimiento a éstos, como también al agua que se agrega a vinos y la vinificación con uva de mesa, pues estas prácticas vienen a aumentar los inventarios en forma artificial y representa una competencia desleal para vinos genuinos.

Desde el 2015 en adelante hemos puesto atención a lo que pasa con los informes anuales de producción de vinos y de existencias de vinos por parte del SAG, la cual se hace en base a declaraciones de las viñas. En ellos hemos detectado que la información de inventarios o existencias, no cuadra con el nivel de ventas y producción que tiene Chile. Desde el 2015, año a año, aparecen en inventarios millones de litros que debieran estar vendidos sin evidencia de ello.

Por lo general, en el mes de marzo, cuando las uvas están prácticamente maduras, se hace público el informe de existencias del vinos al 31 de diciembre del SAG. Si tomamos el último informe publicado en marzo de 2018 por el SAG, los inventarios finales, al 31 de diciembre del 2017, alcanzaron 1.016 millones de litros de vino. Esta cifra de inventarios finales no refleja el nivel de ventas totales de 2017 en Chile, que llegó a unos de 1250 millones de litros (de los cuales 968 millones litros fueron exportaciones y alrededor de 277 millones de litros fueron ventas nacionales reales). No están cuadrando las estadísticas hasta aquí.

Por otro lado, según el Boletín de Vinos de Febrero de 2018 de ODEPA, publicado en marzo de 2018, el consumo interno aparente de vino bajó desde los 202 millones de litros el 2016 a 124 millones de litros el 2017, esto es un 39% menos. Esto debería ser gran noticia, ya que implicaría que los chilenos estamos tomando menos vino. Pues no, la cifra de 124 millones es inverosímil, ya que solo las ventas nacionales de las tres primeras viñas del país fueron de alrededor de 220 millones de litros, lo cual está consignado en las últimas memorias de ellas, que son de acceso público, pues transan en la bolsa y están sometidas al escrutinio de sus accionistas y de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Sabemos que el consumo aparente que aparece en boletín de ODEPA es calculado en base a las declaraciones de existencias finales de vinos. Allí creemos que se provoca distorsión, pues las declaraciones están de alguna forma inflando los inventarios finales, los cuales debieron ser menores a los declarados. Existe una diferencia de al menos 150 millones de litros en el último periodo que se consumieron, pero no se ven reflejados. ¿Qué pasa? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién analiza la información? Porque, recordemos que los inventarios están siendo usado como excusa para pagar precios por debajo del valor real de mercado de uvas y vinos a productor.

Esta misma situación la venimos advirtiendo desde el 2015, que llevamos un control. Las estadísticas no cuadran con la realidad, pero todavía nadie ha tomado cartas en el asunto, perjudicando obviamente a las pymes viñateras y a toda una industria que basa decisiones en este tipo de información. Las declaraciones de existencias no están siendo congruentes con las ventas. Hay una diferencia de alrededor de 150 millones de litros que aparecieron de la nada en inventarios finales al 31 de diciembre del 2017, 150 millones de litros que en lo real fueron vendidos o de alguna parte aparecieron como por arte de magia , y la situación se repite año a año..

En síntesis, las estadísticas de inventarios de vinos al 31 de diciembre del SAG 2017, no reflejan el nivel de ventas totales de vino que tuvo Chile, muy por sobre la producción en los últimos dos años, existiendo alrededor de 150 millones de litros que no están siendo reflejados en la baja de los inventarios. El consumo interno aparente, según estadísticas de ODEPA en boletín de Febrero de 2018, habría bajado en un 39% en 2017, dejándolo en solo 124 millones de litros, lo cual no tiene mucho sentido, ya que solo las tres primeras viñas en Chile venden a nivel nacional alrededor de 220 millones de litros.

resumen.cl

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