Chile: La huelga de hambre de Alejandro Rodríguez y la intervención urgente del Instituto de Derechos Humanos

Por Andrés Figueroa Cornejo

Alejandro Rodríguez Escobar es un ex prisionero político del Mapu Lautaro, uno de los destacamentos antidictatoriales más destacados en la lucha contra la tiranía de Pinochet. Entre 1992 y el 2004 estuvo preso en distintos penales por razones asociadas a su actividad militante. Salió en libertad condicional y actualmente, a sus 40 años, producto de una estrategia estatal (“represión por sospecha o preventiva”) que procura desmoralizar a quien intente en Chile presentar lucha frente a un sistema caracterizado por la extraordinaria concentración de la riqueza, líder de la desigualdad social, el trabajo precario y la mala vida generalizada, debió comenzar una huelga de hambre, tras 4 meses de presidio, esta vez, acusado sin pruebas de hechos que acontecieron el 2009.

En la misiva donde Alejandro Rodríguez explica las razones de su drástica decisión, señala que   “A contar del 30 de agosto me encuentro  prisionero en la cárcel de Santiago Uno en los módulos de máxima seguridad, procesado por el asalto a un camión de Valores, hecho ocurrido el 13 de septiembre de 2009, delito en el que declaro no tener participación alguna. Desde el 2004 me encuentro en libertad condicional después de casi 12 años de prisión política, y cumpliendo todos los requisitos que se me exige para dicha libertad. Desde septiembre de 2009 a agosto de 2010, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensifica sus habituales seguimientos e investigaciones contra mi persona hasta el nivel de acoso, sin encontrar vínculo alguno que me ligue a dicho asalto, razón por la cual realiza un burdo montaje, utilizando a testigos inducidos, cometiendo graves aberraciones investigativas, como consta en el mismo proceso y que antaño las hicieron las fiscalías militares. Y es que frente a estas atrocidades el juez del 4º Juzgado de Garantía me otorga la libertad en dos ocasiones, pero en ambas la fiscalía recurre a la Corte de Apelaciones, quien finalmente me deja en prisión preventiva, apelando a mi historial político. En razón de los antecedentes esgrimidos en la Corte de Apelaciones, continúo siendo un prisionero político desde 1992. Por todo lo expresado, desde el martes 21 de diciembre me declaro en huelga de hambre líquida de carácter indefinida, exigiendo mi libertad inmediata y la absolución de todos los cargos que se me imputan.”

LA DEFENSA

La abogada defensora de Alejandro Rodríguez, Alejandra Arriaza, confirma su declaración y agrega que fue informado de su formalización “en la investigación de dos hechos ilícitos: un robo con violencia a un camión de Prosegur en el Parque Arauco y un robo con intimidación de una camioneta. Sin embargo, desde el minuto de detención hasta la fecha, Alejandro ha visto cómo sus derechos más esenciales han sido vulnerados en la investigación, porque cuando fue detenido sufrió su exhibición en todos los medios de comunicación como la persona responsable y culpable de los ilícitos sin tener prueba alguna para ello.”

-¿Cuándo pasaron los incidentes que se le imputan?

“Ocurrieron un año antes, en septiembre de 2009, y hasta ahora las policías no tenían responsables ni autores. Es decir, había que usar a alguien para responsabilizarlo. En este marco se privó de libertad a Alejandro. En el intertanto que debía ser puesto a disposición del tribunal, con pruebas concretas del Ministerio Público, se mostraron fotografías a las presuntas víctimas de estos acontecimientos y se realizaron reconocimientos fuera de todo procedimiento legal.”

-¿Por qué?

“Porque la orden del juez  sólo era para colocarlo a disposición del tribunal. Es decir, las acciones fotográficas y de reconocimiento horas previas, han fueron cuestionadas por el propio  4º Juzgado de Garantía. La exhibición fotográfica sólo da cuenta de 32 rostros que no son al azar, sino que se supone, corresponden a rostros de personas que han tenido participación violenta en hechos ilícitos similares. Sin embargo, muchos de esos rostros son de prisioneros políticos de las décadas del 80 e inicios de los 90. Y esto nos preocupa. ¡Además, quienes participan de la rueda de presos, son los mismos funcionarios aprehensores que diligenciaron la orden!  Es decir, el proceso está viciado tanto en la forma, como en el fondo. Y esa es la única prueba con la que cuenta el Ministerio Público.”

-¿Y qué dice el juez del 4º Juzgado?

“El juez de garantía que ha revisado en dos oportunidades la situación de privación de libertad de Alejandro ha señalado lo mismo, y ha enfatizado que los procedimientos empleados vulneran los derechos constitucionales de los inculpados, y el principio de inocencia. En resumen, no hay prueba alguna. No obstante, la privación de libertad de Alejandro se mantiene.”

-¿Cuáles son sus fundamentos como defensora legal de Alejandro Rodríguez?

“Me consta que los días en el que a él se le acusa de participar en los ilícitos, Alejandro se encontraba trabajando en la empresa Maxhuber. Estos antecedentes han sido puestos en conocimiento de los tribunales. A la misma hora en que sucedieron los ilícitos, Alejandro estaba muy lejos de esos lugares, trabajando. Eso está acreditado por el contrato de trabajo de Alejandro, a través del registro de sus ingresos y sus salidas de la empresa. Y sus compañeros de trabajo confirman lo mismo. En septiembre de 2009, Alejandro jamás faltó a su empleo, ni tuvo retrasos. Esto es, resulta imposible que el imputado haya estado en dos lugares al mismo tiempo, a la misma hora, considerando también, que él se desempeñaba en la sede del centro de Santiago, en calle Bandera, y los acontecimientos que se están investigando pasaron en las comunas de San Miguel y Las Condes. Asimismo nos preocupa que sea precisamente la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la que revoque la resolución de los juzgados de garantía bajo el argumento de que por la gravedad de los ilícitos,  por el tiempo que ha pasado entre los hechos y la detención de Alejandro, sumado a sus antecedentes penales, lo considera un “peligro”, y decreta su detención preventiva.”

-¿Qué lectura hace de las razones esgrimidas por esa Corte?

“Aquí se está criminalizando a una persona por hechos anteriores por los cuales ya cumplió una privación de libertad de 12 años. Alejandro estaba en un régimen de libertad condicional desde el 2004, donde jamás tuvo una falta y registra cumplimiento cabal e íntegro respecto de las condiciones que le impusieron a cambio de obtener el beneficio de la libertad condicional. Por eso estamos exigiendo la libertad de Alejandro Rodríguez Escobar. Lamentamos que ahora esté poniendo en riesgo su vida para llamar la atención, tanto de la justicia, como de la sociedad. Y la reciente creación del Instituto de Derechos Humanos tiene la obligación de tomar cartas en este asunto.”

Bárbara Catalán es la compañera de Alejandro Rodríguez desde hace un buen tiempo. Ella indica que “nosotros, como familiares y amigos, nos sentimos orgullosos del pasado combativo de Alejandro y por lo mismo, no vamos a aceptar ningún montaje ni criminalización que se le esté haciendo hacia su persona y hacia otros tantos compañeros que están encarcelados por montajes por parte del Estado y de todo su aparato político-jurídico.”

-Desde el inicio de la huelga, ¿quién puede visitarlo?

“Su abogada y personas de agrupaciones de Derechos Humanos.”

-Usted ha señalado que ha recibido mal trato en el penal donde está prisionero Alejandro Rodríguez…

“Cuando lo visitamos sufrimos situaciones denigrantes. Debemos aguantar que los funcionarios de gendarmería nos insulten, y no nos podemos defender ni apelar a ética alguna porque sino castigan la visita. Nos hacen bajarnos la ropa interior, ponernos en cuclillas y darnos vuelta; subirnos el sostén, aceptar que nos manoseen literalmente; abrir la boca, permitir que nos revisen los oídos.”

María  Cristina Pacheco, incombustible luchadora e integrante de la  Asamblea de Derechos Humanos dice que  “debemos resistir estos abusos a través de la denuncia, la difusión y la acción”.

Por su parte, el vocero de Alejandro Rodríguez, el miembro del secretariado ejecutivo del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT), Marcos Riquelme, informa que “hay dos cosas que nos preocupan: la manera de romper el cerco mediático a la que está sometido Alejandro, y que este montaje es una acción política que tiene por objetivo intentar amedrentar a los luchadores sociales. Por otro lado nos interesa que  las instituciones de Derechos Humanos intervengan respecto de la integridad de Alejandro. Su situación se agrava en tanto pasan los días. Nosotros no buscamos mejoras carcelarias. Queremos su libertad.”

Diciembre 28 de 2010

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