Caso Randolph entra en fase decisiva tras cierre de la investigación por parte del ministro Aldana

Tras más de cuatro años de investigación, este jueves el ministro especial para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana cerró el sumario por la muerte del estudiante universitario José Randolph Segovia, ocurrida el 26 de mayo de 1985.

El hecho ocurrido en plena dictadura, tuvo especiales connotaciones ya que si bien no fue considerado un caso de violencia política, si calificó como una situación de violación de derechos humanos.

La noche del sábado 25 de mayo, José Rigoberto Randolph y su amigo Fernando Benavente asistieron a una fiesta. Alrededor de las 4 de la mañana, ambos viajaban en un auto rojo Seat Fura y al circular cerca del Club Hípico, pasaron a llevar unas barreras instaladas frente al retén policial del lugar. Pese al impacto y a que el vehículo que conducía el joven Randolph se le rompió el parabrisas, ningún funcionario salió para averiguar qué había pasado.

Ante eso, siguieron viaje. Fernando se quedó en su domicilio en el centro de Concepción y José Rigoberto se dirigió a la casa donde vivía, en la calle Chorrillos cerca del Barrio Universitario. Previo a eso, chocó con el móvil de otra persona. Al llegar a su domicilio, fue interceptado por el carabinero que cumplía guardia frente a la residencia del Jefe de la IV Zona de Carabineros. Tras un llamado hecho por el uniformado, llegó un furgón policial y se llevó detenido al joven. En camino a la Segunda Comisaría de Carabineros, lo llevaron al Hospital Regional para practicarle la alcoholemia. Poco después de eso, ingresó a la unidad policial. Desde allí, y según el parte policial, se habría fugado, para ser encontrado casi dos días después, muerto en los roqueríos de Rocoto, a más de 20 kilómetros del lugar donde estuvo detenido.

La conmoción que produjo el hecho y las numerosas interrogantes que planteó casi desde el primer momento, llevaron a que tanto el Colegio de Abogados como la Universidad de Concepción, solicitaran a la Corte de Apelaciones de Concepción la designación de un Ministro en Visita para que indagara lo sucedido. Paralelamente, la familia interponía una querella criminal contra quienes resultaran responsables del delito de homicidio de José Randolph.

Fue así como una semana después del hallazgo del cuerpo del joven universitario, el Pleno del tribunal de alzada nombró al ministro José Martínez Gaensly para que investigara las circunstancia de la muerte de Randolph.

A poco andar, el ministro Martínez logró establecer que José Randolph no se había suicidado y por tanto su próximo paso era determinar los responsables de su muerte.

Finalmente, en diciembre de 1985, el magistrado encargó reos y sometió a proceso como autores del delito de homicidio en la persona de José Randolph, a los ex subtenientes de carabineros, Mauricio Vera Cortessi y Jaime Barría Sánchez, de dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó la resolución por estimar que las presunciones que se tenía sobre la participación de los ex oficiales no eran suficientemente fuertes como para someterlos a proceso. El caso pasó entonces a la Corte Suprema, que confirmó lo resuelto por el tribunal de alzada. El 1 de diciembre de 1987, el ministro Martínez decretó el sobreseimiento temporal de la causa.

En cuanto a los ex oficiales Vera y Barría, ambos fueron dados de baja y procesados por la Justicia Militar por infracciones a la reglamentación interna de Carabineros, al falsificar el parte policial que daba cuenta de la detención y posterior fuga de José Randolph.

Pero Catina Randolph, hermana de José, nunca quedó conforme con el desenlace de la causa pues sentía que no se había hecho justicia. Fue así como el 2009, después de mucho pensarlo, decidió viajar a Concepción para entrevistarse con el ministro Aldana y si bien no tenía mayores antecedentes que aportarle, logró disuadirlo y el 14 de julio de 2010, Aldama reabrió el caso.

A fines de ese mismo año, el ministro dictó procesamientos por el delito de homicidio en contra de los subtenientes en retiro Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez

Es así como luego de concretar distintas diligencias, finalmente Aldana decidió cerrar la investigación. Ahora corre el plazo de 15 días para que las partes apelen de esta resolución, si ello no ocurre, el magistrado podrá dictar sentencia que podría condenar a penas de presidio a los dos encausados.

Para Catina Randolph, esta larga lucha por hacer justicia al parecer está llegando a un resultado concreto. Por lo mismo reconoce estar “muy nerviosa y ansiosa, pero por sobre todo, esperanzada, confiada en Dios, en el Ministro y en la justicia chilena”, afirma. Agrega que eso es lo que ha deseado desde siempre, “que se haga justicia, saber la verdad y reivindicar el nombre de mi hermano. Sólo quiero que esto termine pronto y poder decir algún día: misión cumplida“.

escrito por TBB

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