Carta Abierta del Sindicato 1 de Huachipato al Intendente de la Región del BioBio, Rodrigo Díaz

9648117437_450baf3b41_z-1Talcahuano, 29 de julio 2015

Señor Intendente:

Estimando vuestra plena consciencia de los problemas que enfrenta la industria nacional y en particular la siderurgia en nuestra zona, expresada en la prensa el día 12 de julio 2015, es que como Sindicato Nº 1 de Trabajadores de la Compañía Siderúrgica de Huachipato le exponemos a usted y al gobierno de Chile lo siguiente:

Coincidimos con Ernesto Escobar, Gerente de Huachipato, que en declaraciones realizadas durante el año 2014 señalaba: “La industria en Chile ha sufrido una especie de abandono a su propia suerte, sin que ello llame la atención o sea motivo de alarma o preocupación por parte ni de la autoridad, ni de los distintos actores y líderes del quehacer nacional…” Efectivamente el Estado chileno ha abandonado el objetivo de desarrollar una política industrial propia, bajo la cobertura de que el “mercado” resuelva de la mejor manera los destinos de este sector clave de la economía nacional. En los hechos se ha operado una alianza público privada operativa que ha conducido a una creciente desindustrialización, que el “mercado” no ha tenido ni tiene el interés de resolver. Para el “mercado” lo prioritario está en los márgenes de utilidades. Un aspecto central de las transformaciones del Chile para el futuro trata principalmente sobre el rol del Estado, con un interés público en políticas educacionales y previsión social. La política industrial es un factor sobre el cual existe una mirada demasiado fijada en el incremento de la competitividad de las exportaciones actuales. La política industrial es clave como instrumento de desarrollo y consolidación de bienestar a largo plazo. En pocas palabras, una mayor relevancia del rol estatal en el desarrollo del futuro de la industria siderurgia y metalúrgica debe implementarse, de modo de poder planificar los cambios productivos que deberían tener lugar. Si no es así, es más que probable que terminemos con una de más altas tasas de postgraduados en Ingeniería, carreras técnicas trabajando en administración de empresas de servicios o recluidos en Universidades. Pero en lo esencial se camina a regiones devastadas socialmente por el crecimiento de la cesantía y el trabajo informal.

En la actualidad, frente a la realidad ya conocida de la industria del acero y sus repercusiones por las autoridades de gobierno regional y nacional, diversas propuestas y mesas de trabajo dan la visión de que se buscan soluciones, unas por el lado de los costos de la energía para la producción de acero, otras en relación a demandas en la OMC en contra de lo que se denomina “competencia desleal” del acero chino. Sin embargo, más allá del golpe mediático que pueda existir en tal acción o declaración lo que domina la situación es la inestabilidad de la producción del acero y con ello de otras industrias ligadas o dependientes de esta producción. Consideramos al respecto que medidas del tipo paliativo, que no resuelvan los problemas de fondo, estructurales, que aquejan a la producción de acero y la manufacturera en general, no servirán de nada para asegurar una estabilidad en el desarrollo industrial del país y de la región. Respecto de las demandas a la OMC creemos que ellas no serán más que una cortina de humo en la medida que la producción china de exportación la configuran importantes cuotas productivas de Arcelor Mittal, la mayor empresa productora de acero mundial, que cuenta con 4 industrias de acero ubicadas en China y en 13 países. Lo que es real es que los productos de acero que invaden el mercado nacional provienen de la producción de las multinacionales radicadas en China, en México. Arcelor Mittal es la mayor productora de acero en México.

En este contexto la finalidad de la OMC es forzar la apertura de las fronteras comerciales, la supresión de aranceles, contingentes y demás barreras no arancelarias (cuotas, normas, reglamentaciones). Señalar lo contrario es pecar de iluso o simplemente de ignorante. La OMC tiene también por finalidad organizar la apertura de sectores que aun siguen protegidos para entregarlos a las apetencias de las multinacionales, y liquidar los monopolios públicos.

Constituida en 1993 la OMC tiene la función de velar para que se apliquen los acuerdos del GATT y, también actuar como “ámbito para otras negociaciones bilaterales”.

El artículo III, apartado 5, del Acta final de la Ronda de Uruguay resalta que:

“Con vistas a coordinar de manera aun más coherente la elaboración de políticas económicas a escala mundial, la OMC cooperará del modo que resulte más conveniente con el FMI y el Banco Mundial e instituciones afiliadas a éste”.

En realidad, desde que se constituyó, la OMC ha servido sobre todo, por una parte, para acelerar los mecanismos de “liberalización” de los mercados y, por otra parte, para dictar fallos en disputas comerciales. Lo ha hecho, en la inmensa mayoría de los casos, en beneficio de EE.UU.

Respecto de las subvenciones es más que evidente que China subvenciona toda la producción de acero, tanto propia como la de Arcelor Mittal, vía salarios bajos y otras franquicias. Las subvenciones son un recurso de protección que utilizan en general los estados europeos para proteger su industria. Sin embargo, el problema de fondo de la industria nacional y de la siderurgia es la completa subvención que realiza el Estado chileno a la producción de acero de las Multinacionales. El principal responsable de la destrucción de la industria nacional es el propio Estado de Chile que ha abierto todas las compuertas para la importación indiscriminada de productos. Es por lo mismo que proponemos un cambio de orientación de la política del Estado chileno, a través de medidas que sean adoptadas por el actual gobierno. Al respecto proponemos las siguientes medidas:

A. Creación de un Ministerio de la Industria Nacional

Dicho ministerio deberá ser enfocado en realizar un catastro de la actual realidad de la industria siderúrgica metalúrgica, cementera, metalmecánica etc. Adoptar medidas de emergencia enfocada en incentivos que refuercen el desarrollo de una industria manufacturera adaptada a las necesidades del mercado nacional y la competencia en el mercado latinoamericano.

B. Regulaciones económicas de protección a la industria nacional.

Actualmente el Estado chileno mantiene una fuerte orientación de subsidio a la libre importación, lo que en términos económicos resulta completamente favorable a los productos de las Multinacionales que entran a Chile. Restablecer los aranceles aduaneros. Ello significaría ingresos al país. Impedir por decreto que se puedan internar a Chile barras de refuerzo para hormigón que no estén certificadas en el destino. Aduana debe velar por el cumplimiento de esta norma, similar a la que se aplica a productos eléctricos, juguetes, remedios y el cemento.

Establecer un fiscalizador que vele por el cumplimiento de las normas técnicas de productos de acero en todo el territorio nacional.

Exigir a todos los productos de acero importados un certificado de trazabilidad que garantice al usuario final conocer al importador y al fabricante de dicho producto. Este certificado lo debe entregar el propietario de la obra en la recepción municipal, junto con los certificados de calidad del acero otorgados por el laboratorio correspondiente.

Capacitar, a través de las agrupaciones industriales, a personal de aduana para que efectivamente pueda certificar el cumplimiento de las normas chilenas en los productos de acero importados.

C. Relación Estado con Sector Privado

En pos del fortalecimiento de la industria manufacturera el Estado chileno se debe orientar a privilegiar contratos de trabajos entre industrias enfocadas a la producción nacional con las empresas estatales o proyectos de obras públicas.

D. Políticas regionales de desarrollo industrial

En la actualidad las autoridades regionales se ven obligadas a desarrollar proyectos de reconversión, ante el cierre de empresas industriales, que lejos de mitigar o reorientar la mano de obra de trabajadores industriales, no hacen otra cosa que aumentar el trabajo informal y la inestabilidad laboral, con la secuela de salarios bajos. Se requiere del gobierno planes regionales de fortalecimiento de la base industrial existente. Se debe aumentar la promoción de los programas CORFO para innovación y desarrollo, dada la baja tasa de conocimiento que de estas líneas tiene la industria manufacturera.

E. Políticas de energías adaptadas al fortalecimiento de la industria nacional

En forma recurrente se explica que el desarrollo de la empresa nacional se ve dificultada por los costos de la energía, que hacen imposible el competir en costos totales. Sin embargo, existen empresarios propietarios del sector siderúrgico que han invertido en el sector de la energía para aumentar sus utilidades, realizando excelentes negocios en relación al sector industrial de la que son dueños y otros. El Estado debe disponer de la energía para ayudar al fortalecimiento de la industria y no para el enriquecimiento de los grupos financieros. A partir de este punto de vista una base de apoyo del estado chileno debería enfocarse en el rol de ENAP como empresa nacional de energía, complementadas con las siguientes medidas:

Beneficios tributarios escalonados para aquellas empresas que generen su propia energía, partiendo desde un 5% de su consumo promedio.

Capacitación y fomento a las pymes para generar ENC de bajo costo, que les permita abastecerse para sus requerimientos básicos.

Un programa nacional de eficiencia energética a nivel industrial, generando incentivos tributarios a aquellas empresas que cumplan con programas de eficiencia definidos en conjunto con el Estado a través de CORFO.

F. Futuro de CAP y responsabilidad del Estado Chileno.

La creación de CAP fue en su momento un hito de la industrialización del país, jugando el Estado un rol determinante en la formulación del proyecto hasta su financiamiento y puesta en marcha. Con la creación de esta industria, se trataba de aprovechar las condiciones naturales del país en la explotación del mineral del hierro. Durante toda la época en que CAP fue parte del Estado ha sido un importante factor de desarrollo industrial, social y económico del país. En la actualidad, en manos privadas, CAP ha representado paulatinamente la destrucción de la única siderúrgica integral y la de otros sectores productivos en la región. Ello amerita una revisión al respecto. La “venta” de CAP por el Estado de Chile ha representado una pérdida de facto y de perspectivas. La de facto está acreditada en el hecho de que fue “vendida” a un precio inferior al 20% de valor real. Lo de perspectivas está relacionado con el futuro de esta industria que debe ser asegurada por razones estratégicas. La pérdida de facto por el Estado chileno justifica con creces el principio de renacionalización sin derecho a indemnización. Proceder a la renacionalización de los recursos mineros, sin indemnización.

El país debe defender la existencia de los sectores estratégicos de la economía nacional. La situación que se registra con la exportación de concentrados de hierro afecta a la Industria Nacional. Es un duro golpe contra la Fundición y Refinería CAP Huachipato y contra la Industria Metalúrgica Nacional, a la vez que es un problema de seguridad nacional.

G. Estabilidad laboral, Salarios Dignos y Plena Libertad Sindical

En la actual situación de crisis, que vive el sector de la Siderurgia y la Metalurgia, se hace imprescindible que el Estado intervenga para establecer marcos de estabilidad laboral, con salarios dignos y la existencia de plena libertad sindical. El principio de la libertad de los accionistas no puede prevalecer por encima del futuro de toda una región o de un país. Estimamos que toda intervención del Estado chileno para reorientar el actual curso y fortalecer el desarrollo de la industria nacional debe significar compromisos de parte de esta en relación a asegurar la estabilidad laboral, salarios y condiciones, la plena libertad sindical y el congelamiento de los despidos. El año pasado el Estado chileno rebajó los impuestos verdes a CAP sin compromisos de congelamientos de los despidos. Ello no debe repetirse porque el objetivo de la política de Estado es asegurar el bienestar de la región y del país y no de un pequeño grupo de accionistas.

Luis Carrasco Sáez Manuel Gutiérrez Muñoz

Presidente Secretario

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