Brasil es ineficiente en la discusión sobre aborto y tráfico de mujeres

Por Marcela Belchior *

Brasil no ha tratado de manera eficiente temas que involucran a mujeres y cuestiones de género, como aborto y tráfico de niñas y adultas. Según el Comité de la Convención de la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno brasilero cumplió sólo parcialmente las recomendaciones de la ONU sobre los derechos de las mujeres, no tomando medidas suficientes para mejorar la atención integral de la salud femenina, además de fortalecer el debate en torno de esas cuestiones.

De acuerdo con el Comité, la ONU recomendó al Estado brasilero agilidad en la revisión de la legislación que criminaliza el aborto, con miras a eliminar disposiciones punitivas impuestas a las mujeres. Sin embargo, hasta el momento, cerca de 30 Proyectos de Ley tramitan en el Congreso Nacional defendiendo exactamente lo contrario: amenazan los derechos de las mujeres de interrumpir el embarazo y proponen mecanismos de prohibición total de la práctica, basado en el aumento del castigo. “El Comité considera que la recomendación no fue implementada”, se señala desde el CEDAW.

La Organización había recomendado al país su colaboración para la discusión y análisis del impacto del Proyecto de Ley que versa sobre el Estatuto del No Nacido, que restringe más las motivaciones de aborto aceptadas por la actual ley brasilera. El Comité, sin embargo, afirma que no recibió informaciones suficientes para evaluar si la recomendación fue concretada.

En relación con el tráfico de mujeres, la ONU había recomendado al Estado que considerara adoptar una ley abarcante contra esa práctica de acuerdo con el Protocolo de Palermo, del año 2000, que versa sobre prevenir, reprimir y sancionar el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños. De acuerdo con el CEDAW, el Estado “dio algunos pasos en dirección a la adopción de una ley contra el tráfico de personas”, pero considera que la ley “no es abarcante lo suficiente como para enfrentar este problema”.

Repercusión entre entidades

Representantes de entidades que componen el Consorcio Nacional de Redes y Organizaciones de la Sociedad Civil, del cual el Comité es parte, también difundieron el documento. Para Telia Negrão, periodista y magister en Ciencia Política, las recomendaciones del Comité colocan al país en una situación incómoda en el escenario internacional.

“Brasil se mantiene entre aquellos que violan los derechos de las mujeres y eso se refleja en la caída del IDH [Índice de Desarrollo Humano] de Género. Las mujeres brasileras continúan muriendo por la mala calidad de atención de la salud y por restricciones a las decisiones en el campo reproductivo, o sea, del derecho de no tener hijos”, explica Telia, que es coordinadora de la ONG Colectivo Femenino Plural.

La periodista llama la atención sobre la necesidad de rever la legislación sobre el aborto en el país. “El aborto no es un tema sólo del foro íntimo de la mujer, ya que ese derecho impacta su vida en la familia y en la comunidad. En el momento en que la mujer sufre la violación de sus derechos reproductivos, su ciudadanía no está completa. Y la calidad de la ciudadanía es también un factor de evaluación de una democracia. En esa perspectiva, la democracia también es afectada”, esclarece Telia.

En la evaluación de Estela Scandola, representante de la Red Nacional Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en el Comité Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas (Conatrap), Brasil ha dado pasos importantes en el enfrentamiento del tráfico de mujeres y niñas, pero eso no se ha concretado en acciones efectivas de prevención y atención de ese público. Ella cita el ejemplo del Proyecto de Ley nº 7370/2014, que tramita en la Cámara Federal, sobre prevención y represión al tráfico interno e internacional de personas y sobre medidas de atención a las víctimas con problemas graves. Para Estela, la propuesta no se ajusta a lo que ya establece la Ley del Trabajo Esclavo en el país.

Uno de los puntos más preocupantes, según la investigadora, es el hecho de que el proyecto no prevé la amplia responsabilización en lo que se refiere a las empresas que lucran con el tráfico de personas, reduciendo la atribución de responsabilidad a lo que se refiere a la “red de tráfico”. “Ese avance ya está previsto en la legislación del trabajo esclavo”, indica Estela.

Entre para ver informe completo aquí.

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*Marcela Belchior Es periodista de Adital. Maestra en Comunicación y Semiótica en Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), investiga las relaciones culturales en América Latina.
Correo electrónico:
marcela@adital.com.br
belchior.marcela@gmail.com

Fuente: Adital

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