Bombas en el Metro: Temores e Inseguridades que paralizan cambios

Por Karina Oliva @karina_ol

No hay dobles lecturas, lo ocurrido el día de ayer en la estación de Metro Escuela Militar es un hecho repudiable por donde se mire. Quienes hayan sido, no sólo generan inseguridad sino que producen daños concretos a la población, primeramente a las víctimas directas y también a la ciudadanía general con el reforzamiento de políticas de seguridad que vulneran las libertades.

Después de extenuantes horas de movilización desde sus casas a sus empleos, los trabajadores/as ahora deben sumirse en la paranoia que implica la simple posibilidad de ser víctima de un atentado durante un almuerzo, en algún momento de esparcimiento o simplemente en el trayecto. Como si no fuera suficiente tener que sufrir las incómodas e insultantes condiciones de un transporte público malo y caro, ahora deben hacerlo acompañados por el temor.

Si hay algo concreto en los hechos del día de ayer, son las víctimas. Lo que no resulta fácilmente visible son los victimarios y el móvil del delito. Por ello es que resulta lamentable la liviandad con que nuestras autoridades, los expertos y la prensa, vinculan hechos de esta naturaleza a ciertas categorías de sujetos y a determinados acontecimientos, como si supieran de antemano quienes son y porqué lo hicieron. Se puede aseverar que ante el temor y la inseguridad pretenden dar una señal de gobernabilidad teniendo un chivo expiatorio al que lanzar el dardo sin que repercuta en la aprobación o en el rechazo al gobierno.

Sin embargo, no existe razón alguna para apresurarse en repartir culpabilidades “al voleo” asociando el delito a determinados grupos humanos, como de hecho ocurre cuando se recurre a la explicación de los “grupos antisistema” o “colectivos anarquistas”. Tampoco existe evidencia a priori para relacionar estos acontecimientos con la conmemoración del 11 de septiembre, aún considerando la proximidad de la fecha. Es un principio básico de toda investigación: no descartar ninguna hipótesis, a la vez de no mostrar predilección injustificada por alguna en particular. Obrar en modo contrario se denomina sesgo.

Peor aún, que ciertos delitos sean atribuidos a ciertos grupos humanos en virtud de hechos anteriores que no han sido siquiera probados constituye una doble arbitrariedad. Lo peligroso de esta actitud es que mientras más arraigado está en el sentido común que ciertas categorías de sujetos son por esencia culpables de ciertos delitos, más espacio queda disponible para que otros actores puedan cometer esos hechos sin ser objeto de sospecha.

Ante situaciones como la ocurrida ayer, se requiere que el actuar de autoridades -y de cada ciudadano- esté a la altura de lo ocurrido. El apresurarse en explicaciones carentes de sustento no ayuda al esclarecimiento de los hechos y, lo que es peor, conduce a enormes injusticias.

Sería positivo, para todos, que estos actos se investiguen con rigurosidad y respeto a los derechos humanos (como se espera de un Estado de Derecho). Por el contrario, sería muy preocupante que nuestra ya limitada democracia viera incrementadas medidas irracionales que, lejos de hacer justicia, sirvieran de pretexto para restringir aún más nuestras libertades fundamentales.

Sin embargo, hay suficientes elementos para ir en el sentido equivocado. Lo más probable es que este hecho sirva de justificación política al aumento de la represión y a la intervención de los movimientos sociales. La política del garrote tiene campo abierto para caer sobre cualquiera, y fundamentalmente, sobre todo aquel que se ajuste al estereotipo del “joven antisistema” o de la “organización ultraizquierdista”.

Que unos sujetos sean más sospechosos que otros no pasaría de preocupante a peligroso si no fuera porque además contamos con una Ley Antiterrorista en extremo imprecisa. La arbitrariedad de una herramienta jurídica que no tipifica adecuadamente los delitos y deja campo abierto al uso discrecional no es algo para tomar a la ligera.

Sea quien sea el autor (o autores), lo cierto es que este acto criminal ha producido ya hechos políticos concretos. Junto a la esperable reacción del Estado -que como todo Estado hace uso del monopolio legítimo de la fuerza- el impacto en la sensación colectiva tendrá efecto en la disposición al debate público.

Hoy, hay dos elementos discursivos que comienzan a dominar la atmósfera. A los vaticinios acerca de la desaceleración económica, se suma la violencia de atentados explosivos. Ambos constituyen potenciales factores de insegurización capaces de desalentar ánimos de cambio. El temor ha sido siempre un sentimiento que paraliza y que históricamente ha detenido todos los procesos de cambios en nuestro país.

Quien sea que haya cometido este delito, junto a dañar a individuos concretos (por suerte ninguno de riesgo vital), ha hecho un flaco favor a los cambios sociales. La seguridad pública será el tema de estos últimos meses del año, quedando postergados los debates que hasta ayer eran de prioridad nacional (Educación, Reforma Tributaria y Binominal). No faltarán quienes quieran hacer un aprovechamiento para reprimir y revertir avances democráticos (por muy básicos que sean), empezando a exigir que en nuestro país nuevamente se legalice y aplique la detención por sospecha y/o la aplicación de la Ley Antiterrorista a diestra y siniestra.

El miedo ha sido, históricamente, herramienta para impedir cambios. Quien no lo sepa, puede leer “La Doctrina del Shock” para verificar los métodos con que la dictadura militar chilena instauró el el modelo neoliberal sobre la base del miedo.

Por lo anterior es que estos hechos proporcionan el escenario perfecto para quienes se oponen o se incomodan con los cambios que la ciudadanía reclama. Los que buscan mantener el orden vigente pueden frotarse las manos, pues lo ocurrido ayer podría favorecer su posición en demasía. Pero, claro está, ellos son ciudadanos libres de toda sospecha.

Fuente: G80

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