Bloque por la Infancia establece 5 Prioridades para el 2019 cumplir compromiso de “los Niños y Niñas Primero”

Chile debe contar con una Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez; tener autoridades de protección administrativa en todas las comunas y localidades; garantizar la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes en todos los temas que les afectan; reconocer explícitamente el rol de la sociedad civil y su participación efectiva y vinculante respecto a políticas y programas públicos y; establecer la obligatoriedad de colaboración con la Defensoría de Derechos de la Niñez de parte de todos los órganos del Estado. Estas son las 5 prioridades delineadas por el Bloque por la Infancia, para avanzar en la protección integral y la garantía de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país.

A continuación reproducimos íntegramente la declaración del Bloque por la Infancia:

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL BLOQUE POR LA INFANCIA

Diciembre 2018, Santiago de Chile

Para cumplir con el compromiso de que los Niños y Niñas deben ser los Primeros, el Bloque por la Infancia, en Jornada de Trabajo del día 30 de octubre 2018 y contando con la participación de delegaciones de regiones, ha considerado de la máxima urgencia establecer 5 prioridades en nuestra agenda de incidencia, las cuales esperamos se lleguen a cumplir durante el año 2019:

1. La necesidad imperiosa de llegar a contar con una Ley de Protección Integral que reconozca derechos, que establezca mecanismos claros y explícitos de garantía efectiva de los mismos, configurando así un Sistema Nacional de Promoción, Prevención y Protección Integral de los Derechos de toda la niñez que habita nuestro país. Corresponderá que dicha Ley incorpore, explícitamente, medidas reforzadas de protección para aquellos niños, niñas y adolescentes que nacen y se encuentran en situación de pobreza, así como para la niñez indígena y para la niñez migrante.

2. La existencia en todas las comunas y localidades del país, en coincidencia con la distribución territorial de los tribunales de justicia con competencias en niñez y adolescencia, de Autoridades de Protección Administrativa de los derechos de la niñez, las cuales deben contar con atribuciones y potestades, así como con procedimientos y mecanismos de obligatoriedad que, en calidad de garantes, les permita hacer efectivas sus decisiones, coordinaciones y articulaciones, tanto de lo público como de lo privado, según lo requerido por la realidad de los niños, niñas y adolescentes en cada territorio.

Estas condiciones deben estar explicitadas en la Ley de Protección Integral, dándole a esta Autoridad territorial un rol central en el Sistema Nacional de Prevención, Promoción y Protección integral.

Estas Autoridades y la estructura institucional generada deben responder política, técnica y administrativamente al Ministerio de Desarrollo Social y específicamente al Ministro. Este rol tendrá que estar refrendado en la ley de protección integral, definiendo explícitamente a dicho Ministerio como la autoridad rectora de la protección de la niñez, para el conjunto de la administración del Estado. Esta Autoridad Rectora deberá ser supervisada directamente por el/la Presidente/a de la República. Al mismo tiempo, esta Autoridad Rectora se apoyará en la “Comisión Permanente de Infancia, integrada por el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo”, instancia comprometida por el actual Gobierno en su Programa.

De no establecerse en la ley esta autoridad rectora y la autoridad de protección administrativa en los territorios, la institucionalidad no logrará estar a la altura de lo requerido.

3. La participación protagónica de niños, niñas y adolescentes en todo lo que les concierne, debe estar reconocida en la ley de protección integral y allí debe quedar explícita la responsabilidad que, al respecto, tendrán todas las instituciones públicas o privadas, que entren en relación con ellos/as, garantizando este derecho.

Los niños, niñas y adolescentes deben ser oídos y participar en todo procedimiento administrativo o judicial, de acuerdo a su edad, madurez y nivel de desarrollo y ello deberá estar explícito en la ley de protección integral y en todas las leyes orgánicas de ministerios y servicios públicos.

4. El reconocimiento explícito en la ley de protección integral, del rol relevante y orientado al bien común, de la sociedad civil sin fines de lucro. Este reconocimiento debe implicar la participación efectiva y vinculante en los diseños, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas públicos.

La función pública no puede entenderse solo como obra de un Estado encerrado en sí mismo y que se relaciona con la sociedad civil sin fines de lucro, desde las jerarquías, la representación formal, los controles y las desconfianzas. La sociedad civil organizada es diversa y ha tenido un rol histórico fundamental que debe seguir complementando y fortaleciendo la función pública, por lo tanto es un colaborador relevante del Estado. Al mismo tiempo la actuación, organización, movilización y espíritu crítico de esta sociedad civil organizada y sin fines de lucro, profundiza los necesarios procesos de democratización de nuestra sociedad.

5. Se debe establecer la obligatoriedad, en la ley de protección integral (específicamente en su título sobre institucionalidad de protección de la niñez), de colaboración con la Defensoría de Derechos de la Niñez de parte de todos los órganos del Estado y, muy en particular, de la administración del mismo.

Con la Defensoría de los Derechos de la Niñez, está recién naciendo una nueva institución a la cual le corresponde observar, monitorear y retroalimentar, desde su completa autonomía, el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de parte del Estado y en específico de toda su administración, así como también de privados que trabajen con la niñez y la adolescencia.

Nosotros, como sociedad civil organizada y sin fines de lucro, nos comprometemos a cuidar y apoyar la autonomía y el rol de esta institución y a retroalimentar, desde nuestras experiencias y aprendizajes, su trascendental labor. Por lo mismo, insistiremos en que, tanto los derechos del niño, el sistema de protección integral y la Defensoría de los Derechos de la Niñez cuenten con rango constitucional.

Suscriben esta Declaración:

Campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile (participan 400 organizaciones, redes locales, OPD´s y ONG´s de cinco regiones del país),
Capítulo Chileno del Movimiento Mundial por la Infancia-MMI,
Comunidad de Organizaciones Solidarias-COS (Representando a su Mesa de Infancia la que agrupa a 60 ONG´s),
Foro Chileno por los Derechos de la Infancia,
Mesa PRO-BICE (representando a 10 instituciones ligadas a la Iglesia Católica),
Red de ONG´s de Infancia y Juventud- ROIJ (con 35 ONG´s de infancia y juventud a nivel nacional),
Aldeas Infantiles SOS-Chile,
Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas-ACHNU,
Corporación ChileDerechos,
Corporación La Caleta,
Corporación GRADA,
Fundación Ciudad del Niño,
Fundación Para la Confianza,
Fundación Mi Casa,
Fundación DEM,
Fundación PIDEE,
Fundación Pléyades,
Fundación Hogar de Cristo,
Maristas-Chile,
ONG Paicabí,
ONG SocialCreativa,
Corporación -ONG Raíces,
World Vision-Chile,
Comité de Pediatría Social,
Colegio Médico de Chile

Fuente: Foco Social

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