Argentina: El procesamiento al Lof Winkul Newen

Una vez más la Justicia argentina y el Estado judicializan a una comunidad originaria por resistir y denunciar
los desastres de una poderosa transnacional petrolera, Apache. Tres integrantes del Lof Winkul Newen, están
siendo procesados, por defender el territorio donde viven.

Los registros de la presencia de la familia Maliqueo en el lugar datan de hace cientos de años, incluso antes de que exista la inscripción registral de esa tierra en el registro de la ‘propiedad inmueble’, y que es más que sabido que ésta es comunitaria.*

El derecho a una consulta libre, previa e informada, contemplado en el convenio de la OIT en su artículo 169, sobre el uso de los territorios, es el primer punto de una violación sistemática del Estado contra los diferentes pueblos nación que constituyen la diversidad de más de 30 naciones originarias en Argentina; pero el derecho de los pueblos sobre los territorios y todo lo que ello conlleva, es solo uno de los puntos mancillados por los distintos estados provinciales y nacional.

La necesidad de una salud digna, una alimentación sana; la soberanía de derechos a una salubridad integral, a un ambiente no contaminado; la obligación del Estado a la promoción de una pluriculturalidad que incluya a cada una de estas diversidades, son algunas de las más lógicas peticiones que los pueblos originarios vienen reclamando de un tiempo a esta parte.

La increíble y tozuda decisión del gobierno nacional de ni siquiera recibir al pueblo Qom, el que está siendo atacado periódicamente, y por lo cual ha tenido víctimas directas y concretas, muestra hasta qué punto es la indiferencia de los gobernantes con respecto de los pueblos originarios.

La persecución a las comunidades es cada vez más reiterada, y se incrementa en la misma medida que se expande el interés de las corporaciones petroleras y gasíferas, pero también de las mineras, sojeras y madereras sobre los territorios indígenas.

El avasallamiento de las comunidades y la ocupación a la fuerza de las corporaciones se expande inclusive a territorios considerados como áreas naturales protegidas, como Auca Mahuida, creada en el año 1996 por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 1446/96, una superficie de 77.020 hectáreas al este de la provincia de Neuquén. El Cerro Auca Mahuida es un sitio mitológico-ritual-ceremonial para pobladores criollos y mapuches. En la reserva existen varios yacimientos arqueológicos, destacándose al sur el Cerro Las Brujas donde existen petroglifos y pinturas rupestres, donde en el año 2006 Repsol-YPF derramó 350.000 litros de petróleo y de las llamadas aguas de formación; el premio fue postergar, por tres veces, la declaración en la causa de los directivos de la transnacional, otorgada por el juez de la causa, Daniel Varessio.

Aun así, en el año 2012 el gobernador Sapag autorizo por primera vez en la Argentina, y posiblemente en el mundo, la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en un área protegida, utilizando para ello el método de fractura hidráulica (fracking), en el mismo momento que la compañía Shell perforaba seis pozos no convencionales en el área.

Es decir la arbitrariedad y discriminación con que son tratados los habitantes originarios de la zona por el Estado y la Justicia es evidente. El procesamiento y la estigmatización a las comunidades son siempre a favor de las empresas, nunca a favor de ellas.

La acusación de lesiones graves y de intento de homicidio contra tres integrantes del Lof Winkul Newen; Relmu Ñamku acusada de tentativa de homicidio, Martín Maliqueo y Mauricio Rain por daño agravado, forma parte de una persecución directa contra los pueblos que luchan por preservar su cultura y su modo de vida, que se enfrenta directamente con un modelo de desarrollo que se basa en la destrucción del medio ambiente y el saqueo de los bienes naturales, presentes en los territorios donde viven estas comunidades.

Lo que obvia la Justicia de Neuquén es las circunstancias en que el hecho (una oficial de justicia herida por una piedra) se produce, en el medio de una orden de desalojo, el 28 de diciembre del 2012, un día después del velatorio mapuche de una niña, donde la causa de su muerte es dudosa y se presume puede ser por contaminación, y que esa orden iba acompañada de topadoras y de una inusitada brecha de justicia desfavorable a la comunidad Winkul Newen.

La violencia ejercida por el Estado, la petrolera y los matones pagados, hechos que jamás han sido investigados, y por lo cual no hay procesados y están a punto de prescribir, como cuando “la Pillan Kuse(anciana autoridad filosófica), quien fue salvajemente golpeada por una patota petrolera quedando su rostro desfigurado, un Kona (joven) baleado en su pierna con un arma de fuego, causándole lesiones irreversibles, y a la Lonko (autoridad política) que embarazada fue golpeada salvajemente poniendo en riesgo la vida de su bebé en el vientre”.**

El marco político en que el procesamiento, amedrentamiento y pretensión de disciplinar a las naciones indígenas en general, en este caso al Lof Winkul Newen, se da, es justamente en medio de una presión de las corporaciones más poderosas del mundo para quedarse con nuestros bienes naturales y de la aplicación en la práctica de la ley antiterrorista.

El modelo de desarrollo imperante no puede funcionar sin violencia y judicialización de la protesta. El procesamiento a los hermanos mapuches, es el mismo proceso de persecución al pueblo qom y a las comunidades que resisten los embates de este modelo.

por Ramón Gómez Mederos, Secretario Adjunto de  CTA San Juan, para Agencia ACTA

imagen de Darío Martínez, zapala8340.com.ar

extraído de Pressenza.com

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