Analizan estándares de derechos humanos y labor del Estado frente a actos terroristas

En seminario organizado por INDH y ACNUDH  / Observatorio

La actividad fue organizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH para América del Sur (ACNUDH), y tuvo como objetivo analizar los estándares en derechos humanos sobre terrorismo y el papel del estado en la protección de sus ciudadanos frente a actos de esta naturaleza.

El seminario, desarrollado en el edificio del ex Congreso en Santiago, contó con presentaciones de destacados juristas internacionales y nacionales, académicos y representantes de sociedad civil que discutieron sobre la definición de terrorismo y sus implicancias en garantías fundamentales, como son el derecho a la vida, la libertad y la integridad física.

En la apertura, Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hizo referencia a causas donde ha existido aplicación de la ley antiterrorista en Chile, específicamente los casos que han involucrado a integrantes del pueblo mapuche y a los imputados del denominado caso bombas.  Fries, haciendo referencia a la resolución de la Corte Suprema en el juicio de Cañete, que condenó a cuatro activistas mapuche, recordó que dicha normativa “en un estado democrático debería ser corregida, atenuada y ajustada al debido proceso”.  Otro de los aspectos destacados y que se hace necesario corregir es la “deficiente definición del concepto de terrorismo que contempla la ley”, explicó, añadiendo luego que ésta “en materia de debid o proceso, permite largos periodos de privación de libertad y bajos estándares de prueba, además vulneración principio de no discriminación, por su aplicación selectiva a grupos discriminados”, finalizó.

Por su parte, Amerigo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, manifestó que el terrorismo es “una amenaza para todo lo que representan las Naciones Unidas representa, y es responsabilidad de los estados prevenir estos delitos.  Las autoridades deben actuar, en apego a estos estándares internacionales en la materia”, señaló.

Incalcaterra, hizo además un análisis sobre las recomendaciones que se le han hecho a Chile en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas (EPU) y por el Relator Especial de Pueblo Indígenas, y su cumplimiento.  “Saludamos las reformas que se han hecho a la ley antiterrorista, en relación a los menores y a poder contrainterrogar a los testigos protegidos.  Sin embargo, esto no ha sido suficiente para responder a las recomendaciones antes mencionadas, ni a los estándares internacionales de DD.HH en la materia”, sostuvo.

En el primer panel, destacó la exposición de Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en la materia, quien explicó que en países como España, donde existen claros hechos de carácter terrorista, como el atentado en las estaciones de trenes de Atocha ocurrido el 11 de marzo de 2004, más de 700 personas condenadas y cerca de 800 actos de esta naturaleza, se ha podido determinar un tipo legal específico.  Por lo mismo, asegura, “los hechos que han ocurrido en Chile, no pueden considerarse terroristas”, afirmó.

Finalmente, Myrna Villegas, doctora en Derecho Penal de la Universidad Central, expresó que para avanzar legislativamente en el tratamiento al terrorismo, se debiera “incorporar tipos penales específicos de terrorismo, a fin de evitar que el derecho penal se utilice como cajón de sastre donde pueda caber de todo y esto se utilice para la criminalización de movimientos”.

Villegas también se refirió a las últimas modificaciones realizadas a la Ley Antiterrorista, que “no consideró lo que establecen los propios estándares de tratados internacionales sobre uso de artefactos explosivos. Se sacó también la referencia a la presunción, y la alusión a ‘medios catastróficos’, lo que abre puertas a que el uso de cualquier otro elemento pueda ser considerado terrorismo.  Por lo mismo, potencialmente todos somos destinatarios y víctimas de esta ley”, finalizó la especialista.

Por Paulina Acevedo y José Luis Vargas

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