Abogado de OLCA se refiera a revés judicial que frena a Transnacional tras Central Castilla

Carlos Concha / Mediapinta

Álvaro Toro, abogado Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA):“Si la Corte Suprema tiene la valentía y la sabiduría de ratificar el fallo que prohíbe la Central Castilla, sin duda va ser un cambio cualitativo”

El 7 de marzo se dio a conocer la determinación Corte de Apelaciones de Antofagasta que falló en contra de la construcción de la Central Castilla en la Región de Atacama. Un duro revés para la transnacional brasileña MPX y una victoria para el criterio jurídico medioambiental. Los testaferros mediáticos –La Tercera y El Mercurio, entre otros- iniciaron una campaña para confundir a la opinión pública sobre el dictamen del tribunal de justicia. En conversación con Mediapinta.cl el abogado Álvaro Toro nos relata las circunstancias que rodean este histórico fallo.

El fallo desvela más que una mera prohibición, sino que es acucioso en argumentar la falta de ética y profesionalismo del Seremi de Salud y del dudoso comportamiento de los funcionarios municipales de Copiapó. No se queda afuera la representación del Bacheletismo y menos el ardid de la actual gestión. El gobierno se ha alineado para presionar a la Corte Suprema so pretexto que avalar tal resolución impediría el “crecimiento país”. El máximo tribunal tiene la última palabra en lo que se podría ser una transformación en el comportamiento del Poder Legislativo.

El abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y de la Junta de Vecinos de Totoral, Álvaro Toro explica la resolución y desvela algunas de las artimañas ocupadas para lograr la ejecución de la termoeléctrica. De momento celebra la victoria, pero sabe que la Corte Suprema está lejos de ser una institución independiente. El jurista cree que la ciudadanía es la que debe organizarse para ser oída por la Suprema y para que este tribunal tome en consideración su opinión.

¿Podría explicar el fallo de la Corte de Apelaciones en el Caso Castilla?

Se trata de un recurso de protección que acoge lo solicitado por la junta de vecinos de Totoral, por otras organizaciones sociales de Atacama (Mesa Social de Atacama) y por la Organización Latinoamericana de Conflicto Ambientales, OLCA; organización ambientalista, a la cual pertenezco. Se planteó que la resolución de calificación medioambiental del proyecto Central Termoeléctrica Castilla y la resolución del Seremi de Salud de Atacama, que permitieron la aprobación del proyecto, es ilegal. ¿Por qué? La Corte sostiene que el Seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza, que en enero del 2011 modificó la calificación ambiental del proyecto de “contaminante” a “molesta” es ilegal. Por lo tanto, la anula. Confirma que el proyecto es de carácter contaminante y ordena a la Comisión de Evaluación que vuelva a calificar el proyecto considerando este elemento. Y como la Comisión de Evaluación en su momento, en marzo del año pasado, consideró que la industria era “molesta” y no “contaminante”; lo aprobó. Ahora lo que se tiene que hacer es una revaluación considerando que el proyecto es “contaminante”. Nosotros estamos seguros que en esa condición el proyecto tiene que ser rechazado por el Plan Regulador de Copiapó. Ya que en Punta Cachos, en Bahía Salado, solamente se permite la instalación de industrias “molestas” y si esta es “contaminante” no hay forma de compatibilizar esas dos normativas.

¿En estricto rigor qué ordena el fallo?

El fallo obliga al Seremi a anular su resolución y establece como definitiva que el proyecto es “contaminante”, eso queda a firme. Obliga a la Comisión de Evaluación a reconsiderar su criterio incluyendo este nuevo elemento. Por lo tanto, la Comisión de Evaluación debe reunirse y volver a reevaluar el proyecto. Cuando ellos han dicho que la industria es “contaminante” no pueden aprobar el proyecto.

¿Qué sucedería si la Corte Suprema no ratifica el dictamen de la Corte de Apelaciones de Antofagasta?

Si la Suprema no respalda el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta se podría decir que la empresa podría construir el proyecto. Pero, en este sentido hay novedades porque la oposición al proyecto es masiva, a pesar que Totoral es un pueblo pequeño. No hay más de 60 familias y viven ahí habitualmente unas 200 personas, pero en verano se transforma en un lugar turístico muy atractivo para la región y toda esa gente ha estado solidarizando con el pueblo de Totoral. Ha habido movilizaciones de 3.000 personas y hasta 5.000 personas en su momento, entonces en la región es un tema sensible. Y a raíz de este fallo, el Consejo Municipal de Copiapó, encabezado por su alcalde (Maglio Cicardini), aprobó modificar el Plano Regulador y cambiar el uso de suelo desde “molesta” a “inofensiva”. Por lo tanto, se han propuesto hacer estas modificaciones en los próximos 90 días cumpliendo todos los requisitos de participación ciudadana y publicación en los medios sociales.

¿Qué implicancia tiene esta modificación?

De esta forma, podemos presumir que si la Corte Suprema falla lo va hacer después de 90 días, entonces ellos están tomando la medida concreta en caso que la Corte Suprema no ratificara el fallo y la industria que se instale pueda ser solamente “inofensiva”. Ese es otro camino que la ciudadanía ha logrado, que la autoridad se comprometa a implementar este término. Estamos optimistas en que podamos impedir la construcción de este proyecto. No es fácil ya que son más de 4.000 millones de dólares, con tremendas presiones mediáticas, donde vino el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil a hablar directamente con el gobierno chileno para aprobarlo. Sabemos que los poderes fácticos presionan y van a presionar a la Corte Suprema. Pero la ciudadanía y las organizaciones ambientales están haciendo su trabajo sin ser ilusos.

Historia

¿Cómo se llega a estas instancias y cuáles son los actores sociales que participan en este recurso?

La historia de este proyecto es larga. Esta transnacional brasileña, MPX, se instaló en Chile hace 3 años y compró este fundo Castilla, que es de 300 mil hectáreas. El lugar tiene características ecológicas y con vocación turística. Llegaron diciendo que iban a implementar un proyecto de ese tipo con los cuidados pertinentes. La gente de Totoral y los alrededores estaba considerada y se vio con entusiasmo esta iniciativa.

De repente se enteraron que la empresa, a través de contactos con la municipalidad, estaba gestionando la modificación del plano regulador en el sector. Esto se hizo durante la administración del socialista Marcos López. Este le elaboró a la municipalidad una modificación del Plano Regulador y se la gestionó completamente. Se calcula que en esa gestión gastó alrededor de 70 millones de pesos. Este fue un tema debatido incluso en la campaña municipalidad del 2008. Luego, este alcalde pierde la elección y unos meses después cuando tenía que entregar el mando de la municipalidad, aprueba junto con otros concejales -que también habían perdidos las elecciones- el nuevo Plano Regulador. Por lo tanto, ahí es cuando este proyecto empieza a instalarse.

¿Cómo fue este proceso?

La gente se sorprendió y comienza a organizarse. Empezaron a conocer más del proyecto y la empresa lo presenta bajo este nuevo plano regulador. Se empiezan a hacer reuniones para informarse, toma de contactos con diversas organizaciones, entre ellas el OLCA, y comienzan a señalar su rechazo total al proyecto y la gente se organizó en Copiapó, en Caldera, en Huasco y en Totoral mismo; y presentó numerosas observaciones al proyecto. No obstante, el proyecto siguió avanzando. La empresa comenzó a ofrecer diversos beneficios, suscribió con los pescadores de pajonales, con el sindicato, que es uno que está muy cerca del proyecto, en la playa de Pajonal, a unos 3 kilómetros donde se pretende instalar el proyecto. Suscribió un acuerdo con los pescadores, en el que se comprometía la empresa a entregarles una gran cantidad de dinero, me parece que eran 17 millones de pesos por pescador, 5 millones al contado y el resto cuando el proyecto de aprobara, a cambio de que los pescadores no se opusieran al proyecto y no manifestaran ninguna oposición. Los pescadores lo suscribieron, pero hay que considerar que son pescadores muy pobres.

¿Se supo esto en la comunidad de Totoral?

Sí. Muchos de esos pescadores son hijos, son parientes de la gente de Totoral, hubo un gran debate, donde la empresa llegó con un ofrecimiento a Totoral. La comunidad no quiso llegar a ningún acuerdo y la empresa comenzó a presionar de mil formas. La comunidad se resquebrajo, hubo algunos comuneros que se sentían perdidos y que habían llegado a algún acuerdo con la empresa. Pero, la junta de vecinos fue el baluarte que reunió a los pobladores. Así hasta que sucedió esta calificación de contaminante, la gente estaba contenta porque sabían que era inviable. Con el cambio de gobierno en 2010, se cambia de Seremi, y se crea un comité especial para este y otros proyectos que se llamó Comité de Agilización de Inversiones, un comité absolutamente irregular no establecido en nuestra normativa, que encabezado por el ministro de Economía y de Energía se proponía en resolver todo los nudos, los problemas de los proyectos extranjeros para ser aprobados y uno de los proyectos más emblemáticos en resolver era este. Para lo cual le ordenaron al Seremi que cambiara la calificación.

¿Cuáles fueron las medidas que llevó a cabo el Seremi?

El Seremi buscó la formula, converso con los funcionarios de la unidad ambiental, que es la que elabora los antecedentes, esos funcionarios no estuvieron de acuerdo con esa calificación y empezaron las reuniones secretas acá en Santiago. Donde se les presionó. Entiendo que el jefe de esa unidad accedió al cambio, varios otros funcionarios no estuvieron disponibles. El departamento jurídico de esa seremía encontró los argumentos técnicos para modificar esa resolución. Ahora esto lo supimos no hace tanto tiempo a raíz de una investigación que inició la Contraloría General de la República por una denuncia que hizo la gente de Copiapó. Todos estos antecedentes están al alcance.

¿Los recursos contra quién fueron interpuestos?

La comunidad en algún momento tuvo la convicción que podía ser rechazado dentro del sistema porque era malo y no cumplía con los requisitos. Cuando se dio cuenta que el gobierno central estaba decidido a aprobar el proyecto, bajo el argumento que se requería esta fuente de energía para implementar los grandes proyectos mineros que estaban siendo aprobados, la gente entendió que había que buscar una fórmula de apoyo solidario y que no era solamente una pelea contra la empresa sino también con algunas autoridades que estaban aliados con la empresa. Entonces, los recursos que se presentaron fueron contra el Seremi de salud y la Comisión de Evaluación que aprobó un proyecto que no debía ser aprobado.

Justicia Medioambiental

¿Este fallo marca un precedente?

Es el primer fallo en que una Corte de Apelaciones acoge contra un proyecto tan grande. Pero, si lo ha hecho contra proyectos pequeños por razones ambientales, porque se está transgrediendo el derecho Constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. Han habidos otros fallos de Corte de Apelación de Valdivia, de Puerto Montt, de Concepción, pero que el argumento que recogía es que se violaban otras garantías Constitucionales, ante la ley principalmente. Pero en este caso, muy acuciosamente, demuestra que este proyecto atenta de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es un fallo bien sólido. Se hace cargo también de la contra argumentación que presenta tanto el Servicio de Evaluación como la Seremi de Salud, como la empresa y los va descartando uno a uno, tanto en los aspectos formales, que son muchas veces los que los tribunales usan para deshacerse de los problemas, que por razones formales están mal presentado el recurso, fuera de plazo… como en los aspectos de fondo, que son los más importantes. El recurso de apelación demuestra que un seremi de salud no puede antojadizamente modificar una calificación industrial y sanitaria, de “contaminante” a “molesta” porque simplemente hubo un cambio de gobierno.

¿Crees que puede marcar una tendencia en el comportamiento del sistema jurídico chileno en materia medioambiental?

Hubo un fallo interesante cuando hace dos años la Corte de Apelaciones de Talca, y la Corte Suprema lo respaldó, cuando se rechaza el proyecto Campiche. Esa era también una termoeléctrica pero mucho más chica, la decima parte de esta, pero en ese momento se rechazó por transgredir la igualdad ante la ley. Ahora, ese proyecto igual el gobierno de Bachelet logró impulsarlo. Porque modificaron la normativa de ordenanza de urbanismo que estaba siendo transgredida y con un decreto de la ex ministra de Vivienda en los últimos días de su periodo de mandato, lo modificaron. Pero el fallo de la Corte de Apelaciones y de la Suprema en su momento fue bien interesante. No obstante, no me atrevería a decir que existe una tendencia. Hay de a poco, transcurrido 20 años de esfuerzos, algunas Cortes, algunos ministros, jueces que están empezando a entender, que este derecho de vivir en un medioambiente libre de contaminación es más que una sola declaración y que tiene repercusiones concretas. Si la Corte Suprema tiene la valentía y la sabiduría de ratificar ese fallo, sin duda va ser un cambio cualitativo.

Con la réplica de los representantes del gobierno defendiendo el proyecto en los medios masivos. ¿Piensas que estamos en presencia de un debate político-jurídico?

Se nota claramente que hay una presión. Primero no corresponde que ministros de Estado comenten resoluciones judiciales, eso en forma general, menos resoluciones judiciales que no están a firme. Que tiene que hacer el ministro de Economía en este tema, debería quedarse callado. Acá hay separaciones de poderes. Eso es por una parte. Por otra parte, es un invento mediático de las transnacionales y un invento de los poderes fácticos. Dicen que este es un proyecto indispensable para el desarrollo del país. Primero que nada, discutamos que desarrollo país queremos y segundo es que el Estado chileno debe definir qué política energética y minera sea favorable a los intereses de la soberanía nacional, de la soberanía popular. Esto es un negociado, es un negocio tremendo de un multimillonario brasileño. Construir una termoeléctrica para surtir de energía a otras transnacionales dedicadas a la minería. De esto al pueblo Atacameño, al pueblo chileno le queda harto poco. Entonces, no tiene nada que ver con el desarrollo económico, el bienestar del país o con generar trabajo. Este proyecto crea 200 puestos de trabajo. Hay un espacio para el desarrollo turístico enorme y para eso tiene que invertir el Estado y empresas que se dediquen a ese rubro y el Estado tiene que crear los incentivos para eso. Esto que está siendo Longueira es una presión que hay que pararla. La Corte Suprema no se debe dejar embaucar con esas presiones.

Según tu experiencia. ¿Intuyes que la Corte Suprema resista estas presiones?

Tengo mis dudas, pero tengo esperanzas. Es decir, en la Corte Suprema hay algunos ministros que son muy influenciables por parte del gobierno y hay otros que tienen la independencia para fallar. Lo que tenemos que lograr es una presión ciudadana, para generar instalación en los medios, una ciudadanía organizada para parar este proyecto, que el movimiento de Atacama cuente con la comprensión del chileno en general y que la Corte Suprema tenga eso en consideración. Es difícil no es fácil, hay muchos conflictos sociales en estos momentos, los grandes medios de comunicación se han ido comprometiendo con apoyar el proyecto, están siempre poniendo como noticia principal, que si no se hace una termoeléctrica no va haber energía para el país, que se pone en riesgo el desarrollo económico del país. Nosotros tenemos que lograr que a través de las comunicaciones de los medios, de las redes sociales, que esta argumentación sea derrotada. Pero, no va a ser fácil.

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