“Juez de Cañete (Chile) incurre en prevaricación y abuso de poder”

Acusación de jurista Mireille Fanon, observadora internacional francesa

Por Lucía Sepúlveda Ruiz*

Sobre el tribunal que enjuicia por ley antiterrorista a 17 comuneros mapuche ligados a recuperaciones de tierras en la zona del lago Lleu Lleu, se fijan no sólo los ojos de mapuche y partidarios chilenos de su causa, sino también los de la solidaridad global.

Jorge Díaz se llama el juez que preside el tribunal oral de tres miembros que enjuicia en Cañete (637 km al sur de Santiago) a estos luchadores sociales. Andrés Cruz encabeza allí a los fiscales del ministerio público. El magistrado Carlos Muñoz redactará la sentencia y la jueza Paola Schisiano integra también el tribunal que está llevando adelante el juicio oral más largo de nuestra historia.  Se cree concluye en estos días el proceso iniciado el 8 de noviembre de 2010. Es posible que la sentencia salga en febrero, mes que en Chile resulta sinónimo de  inactividad política y social. Pero la decisión de los jueces no sólo tendrá repercusión local y nacional.

Mireille Fanon-Mendès-France, de la Fundación Frantz Fanon y de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, es observadora internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com) y por France Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org). Asistió a la primera fase de este juicio y en  un informe publicado en Rebelión[1] sostuvo que el juez ha incurrido en “abuso de poder judicial discrecional…con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados. El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción…y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo”.

Mireille Fanon, hija de Frantz Fanon -renombrado luchador y pensador, autor de “Los condenados de la tierra”- es jurista de derecho internacional público, especialista del conflicto de Medio Oriente, y militante de la causa palestina.  También es miembro de la Asociación Memoria-Verdad-Justicia sobre los asesinatos políticos en Francia y contra la Impunidad.

Territorio en disputa

Hace casi una década, el Estado chileno comenzó a utilizar la ley antiterrorista para hacer frente a las reivindicaciones del pueblo mapuche. La enorme inversión de tiempo y recursos que realiza el Estado en este juicio se enmarca en un intento de escarmiento a luchas que se desarrollan en una zona estratégica para el modelo económico vigente, por la inversión de empresas forestales, mineras y turísticas. Esa inversión se ha realizado arrasando el territorio ancestral mapuche y generando grave daño ambiental, expresado en escasez de agua, pérdida de biodiversidad y contaminación de suelos y afectación de la salud de las familias de los comuneros, entre otros problemas, lo que ha gatillado la reacción de las comunidades afectadas y sus organizaciones.

Los 17 comuneros encausados son luchadores sociales del pueblo mapuche que reivindican su territorio ancestral y han permanecido en “prisión preventiva” por un año y ocho meses. Cinco de estos presos  fueron procesados al mismo tiempo por la justicia civil y militar por un mismo hecho ocurrido en octubre del año 2009, cuando el fiscal  Mario Elgueta y una brutal comitiva policial allanaron  la comunidad de Choque en el lago Lleu Lleu. Héctor Llaitul, enfrenta posibles penas de hasta 103 años por la justicia civil y 25 por la militar. Ramón Llanquileo podría ser condenado a 65 años por el tribunal civil y a 11 años por la militar. Para José Huenuche, Luis Menares y Jonathan Huillical,  la fiscalía civil y militar pide 52 y 11 años de condena respectivamente.

Absolución y desinformación

Sin embargo, en paralelo a este juicio,  el tercer Tribunal Militar de Valdivia absolvió a los 5 procesados de tales cargos de maltrato de obra a carabineros de servicio y daños a vehículos policiales. La justicia militar concluyó que la utilización de testigos protegidos y las insuficientes pruebas aportadas en el supuesto “ataque a la comitiva del fiscal Mario Elgueta en Tirúa” no permiten condenar a estos presos políticos mapuche.

La mayoría de la opinión pública chilena, informada sólo por los  grandes medios tradicionales, sólo se enteró de la existencia de estos comuneros cuando cumplían 81 días de huelga de hambre junto a otros presos políticos mapuche, que con la fuerza de su movimiento lograron romper la censura mediática. Pero lo normal es que estos presos sean invisibles;. Las cárceles están muy lejos de Santiago.

El gobierno de Sebastián Piñera retiró las querellas invocadoras de una ley antiterrorista de Pinochet como parte de los acuerdos refrendados con la mediación del actual arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzatti, Sin embargo, la gran prensa no se ha dado por enterada de que el juicio sigue adelante sin haber recalificado tales supuestos delitos “terroristas”.

El Ministerio Público hizo oídos sordos ante esta aberración y los 3 fiscales inquisidores -acompañados por el abogado de una de las compañías forestales querellantes- continúan empeñados en lograr estas lapidarias condenas solicitadas, sin parangón en democracia. Como se persiste en la aplicación de la ley antiterrorista, los 36 testigos sin rostro no han podido ser contrainterrogados por la defensa y en cambio, los testigos de la defensa (que comenzaron a declarar en la última semana de enero) son acosados por tres fiscales y el juez, e incluso fotografiados e intimidados antes de entrar al recinto.

Los observadores

Un conjunto de observadores internacionales asiste a distintas fases del prolongado juicio. Al inicio estuvieron Marcia Esparza (de Nueva York) y Genevieve de Beauffort (Bélgica), junto a Ernesto Moreau, Santiago Cavieres y Graciela Alvarez, de la Asociación Interamericana de Juristas;  Roberto Garretón por el Instituto de DDHH de Chile, Pilar Macías abogada penalista del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Claudio Venturelli (de Ginebra, Comisión Etica Contra la Tortura), Néstor Vega y Mikaël Burbat (de Francia). En la fase de cierre se incorporaron representantes del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI).

Luego de asistir al inicio del juicio y presenciar las declaraciones de los testigos protegidos, Mireille Fanon hizo un informe sobre esta situación que en estos momentos circula en Europa y medios progresistas de todo el mundo. Ella no dudó en calificar la comparecencia de testigos sin rostro como una “parodia de justicia y una auténtica mascarada”.

Surrealismo de los testigos

Respecto del testigo sin rostro individualizado como  23, Mireille Fanon afirmó que las pruebas que aporta son tan vagas que podrían concernir a cualquier acusado. “El juez, consciente de su imprecisión, acude en su ayuda, sustituido por el fiscal que dicta sus respuestas al testigo interrogándolo de tal manera que solo tiene que aprender la parte de la pregunta que comprende la respuesta esperada por la acusación”, afirmó Fanon. Agregó que durante el contra interrogatorio la defensa se interesó por la declaración que debería estar firmada por el testigo. “Sigue un intercambio surrealista en que el juez acaba por precisar que ‘¡por desgracia, la declaración simplemente se ha debido de borrar!’ El testigo acaba por reconocer que no sabe leer ni escribir.” Denuncia Fanon que la parte acusadora deslegitima todas las  preguntas de los abogados defensores con el pretexto de que podrían permitir la identificación del testigo sin rostro y pondría en peligro su vida.

Sobre los dichos del testigo 25, relata que confiesa que no ha reconocido a nadie (tiene un problema de visión y de oído) aunque durante su declaración previa había dicho lo contrario. Reconoció que tiene problemas para aclararse las ideas cuando bebe alcohol, y declaró haber bebido cuando habrían ocurrido los hechos, y este testigo concluyó diciendo que nunca leyó ni vio su declaración fechada un año atrás y firmada con una cruz. Respecto al testigo 26, que participó en los mismos actos por los que son juzgados los acusados, la defensa sostiene que su declaración le permitió permanecer libre, pero ahora el testigo confiesa no conocer a las personas que inculpó anteriormente.

Prevaricación del juez

Los hechos resumidos hicieron concluir a la jurista francesa Fanon que se configuran tres hechos de “denegación de derecho y del imperio de la ley que atañen a todas las personas que obran por la justicia. Se trata de una obstrucción flagrante al derecho a la defensa  organizada por el fiscal. Al actuar así, el juez no respetó el derecho a la defensa y, por consiguiente, a un juicio justo y equitativo”.

Fanon considera que la prevaricación del juez se debe a que  el objetivo esencial es amordazar a la defensa y, definitivamente, hacer pasar a los militantes mapuche por “terroristas” a los que debe aplicárseles una ley excepcional, y recuerda que estos métodos de soborno de testigos y de prevaricación se han utilizado en muchos procesos políticos, tanto en Estados Unidos (en el proceso de Mumia Abu Jamal) como por el Estado de Israel.

Fanon concluyó su informe afirmando que “en definitiva, esta lucha contra el terrorismo… tiene el objetivo de obstruir, de limitar, de impedir, incluso de eliminar, el ejercicio de derechos fundamentales y, más precisamente, de criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tienen por base la motivación política. Con esta lucha contra el llamado terrorismo, el derecho nacional o internacional exhibe claramente la función no de cambiar los regímenes jurídicos, o de mejorarlos, sino de utilizarlos cada vez más como un instrumento de represión político-ideológica que pone en tela de juicio los derechos políticos y civiles”.

“Es ante  esto que se encuentran los mapuche que llevan a cabo una lucha ejemplar para recuperar sus tierras de las que han sido expoliados”. dijo Fanon.

Impunidad de los fiscales

Por su parte, los familiares de los presos enjuiciados solicitaron en declaración pública del 19 de enero “la renuncia inmediata de los fiscales del ministerio Público por la coerción que han ejercido contra los testigos durante el desarrollo del juicio oral (como consta en los registros de audio) y la exposición de grabaciones de la vida privada de familiares de los presos políticos mapuche, incluyendo a menores de edad.  Asimismo exigieron supervisar la actuación de estos fiscales, y en especial la vinculación del fiscal Andrés Cruz con un hecho de tortura a un  “testigo secreto” menor de edad.

[1] “El caso de los Mapuche, Una cuestión de derecho en Chile.” Mireille Fanon, traducido por Beatriz Morales B, publicado en www.rebelion.org

*) Lucía Sepúlveda Ruiz, periodista chilena

Foto matiasvalrod

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