¿Y los milicos?

Alejandro Kirk – Periodista / La Izquierda

Lo único que puede hacer este “Congreso” es legitimar el plebiscito y así proclamar su propia ilegitimidad y su fin. Cualquier otra cosa anticipa violencia. Para evitarla, todas y todos al Parque.

¿Qué puede estar reflexionando en estos días el alto mando militar? Sobre esto sólo se puede hacer una especulación razonada. Las opciones primeras son: acomodarse a la situación tras el manto -falso- de su prescindencia política, como hasta ahora, a la espera de que la agitación se diluya, o bien advertir públicamente que ellos son los “garantes” del ordenamiento legal que aquí obviamente se quiere subvertir.

Sin duda, hay en las fuerzas armadas centenares de oficiales que comparten con la ciudadanía las mismas inquietudes, pese a estar ellos mismos a salvo de todos los males del sistema neoliberal que se encargan de custodiar. La oficialidad chilena vive en un sistema socialista que le garantiza empleo, vivienda, salud, educación y pensiones, y es imposible que gente inteligente, con buenos niveles de educación, sea ciega ante este privilegio. Como la rebelión actual es de clase media, en ella están involucradas las redes sociales y familiares a las que los propios oficiales pertenecen.

Pero cuidado con las ficciones, que ya Chile pagó muy caro alguna vez ilusiones de este tipo: es en la calle, y solo con centenares de miles de personas en la calle, una y otra vez, que las dudas de los oficiales se traducen en opinión política, o al menos en una actitud pasiva: no matar civiles, especialmente si esos civiles son sus hermanos, primos, cuñados o ex compañeros de colegio. Y no siempre.
En Honduras se evidenció, en 2009, que los golpes de Estado no son un fantasma, sino un peligro real que se hace efectivo en situaciones límite como aquella en la que ya está, o a la que se acerca el país. Como en Chile, la Constitución hondureña está diseñada para ser eterna, y fue la sola intención del presidente Manuel Zelaya de llamar a una consulta popular (no vinculante) al respecto, la que generó el golpe de junio de 2009. El golpe evitó tanto las elecciones como que se conociese la opinión de la mayoría sobre la Constitución.

La crisis de la educación ya no tiene sólo que ver con la educación, ni mucho menos con el “año escolar”, que el Gobierno quiere salvar con los mismos métodos con que garantiza el “orden público”: la violencia. En este sentido, los llamados “excesos” del ministro del Interior, puede que no sean sino un ejercicio pactado previamente con las fuerzas interesadas para extender los límites -ya bastante más amplios que en cualquier democracia- de la violencia estatal.

De aquello fue evidencia notable la “represión preventiva” realizada el 4 de agosto, así como la ya indisimulada actividad de los infiltrados en las manifestaciones, junto a la complicidad de los medios de comunicación y de muchos periodistas, destinada a justificar la represión; el espionaje descarado de los aparatos de inteligencia, o los montajes judiciales “antiterroristas”. Todo esto mezclado con amenazas abiertas del ministro Rodrigo Hinzpeter (el policía malo) y veladas del ministro de Educación, Felipe Bulnes (el policía bueno).

Ojo: en Chile no hay excesos, ni falsas lecturas. El Gobierno sabe perfectamente lo que está ocurriendo y está determinado a cambiar el curso de los acontecimientos. Ha probado, y sigue probando, el amedrentamiento de una población que todos -incluida ella misma- consideraban temerosa, fatalista, dócil. Si la intimidación no funciona, se puede pasar a otra etapa, o sea, el estado de excepción, las balas, los arrestos masivos (como el 4 de agosto) y selectivos, nuevos montajes judiciales, más golpizas y asesinatos por grupos paramilitares.

Con el Gobierno, en este objetivo, están de una otra manera todos los sectores de la vida nacional que se han beneficiado del sistema impuesto a partir de 1973 y/o quedarían fuera del cuento en un sistema democrático verdadero. Es una ínfima minoría, pero con inmensos recursos y una determinación a toda prueba.

Al contrario de otras situaciones históricas, frente a esta determinación armada, multimillonaria, ideologizada y sin escrúpulos, no hay más que un descontento generalizado encabezado por la clase media, pero sin otra dirección política que las federaciones de estudiantes. No hay todavía masas de trabajadores, ni menos una “vanguardia proletaria”, ni un programa para la “revolución democrático-burguesa” que está tomando cuerpo.

Este tema le devana los sesos a los mayores de 40, y con estas carencias cuentan los defensores del pinochetismo para desgastar y desarticular el movimiento desde fuera, o para debilitarlo y dividirlo desde adentro. Por eso no se sabe si las advertencias del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle acerca del riesgo de ingobernabilidad tienen el propósito, ante la evidencia de su inevitabilidad, de precipitar el cambio, o de frenarlo.

Un “golpe blanco” como el que parece estar en marcha, cuenta posiblemente con el apoyo tácito o entusiasta de personajes obscuros como Frei, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet o José Miguel Insulza (en representación de Estados Unidos) y toda la corte concertacionista que se ha beneficiado de los 20 años de circo. Estos sujetos -salvo Bachelet, que sencillamente no habla- ya no se manifiestan desde otro bando que el de cómo preservar el sistema.

Una táctica probable de este grupo es recurrir al mismo método diversionista de sus gobiernos: presentar proyectos de ley que se sabe desde el inicio que serán rechazados. Asi se fabrican una coartada, y ganan tiempo para aparecer como la única alternativa en los procesos electorales, primero el de los municipios en 2012, y luego -con Bachelet o Marco Enríquez- en las presidenciales.

Lagos, por su parte, inmune al rechazo que despierta -y en lo que parecen muestras de senilidad- piensa que él puede jugar un papel protagónico en el proceso de cambios.

Esta alternativa sería la salvación del modelo neoliberal y el orden pinochetista, y sin duda se debate intensamente en los círculos de poder, como bálsamo para aplacar tanto a los golpistas radicales como a oficiales presumiblemente tan descontentos como sus familias con las deudas y la incertidumbre garantizada por el sistema económico y financiero.

Entretanto, una nueva opción sistémica es la que propone Pablo Ruiz-Tagle: que el propio Congreso reforme la Constitución. O sea, sin Asamblea Constituyente, única fórmula más o menos democrática (más o menos, porque la elección de sus miembros sería por los mismos métodos de marketing político, con medios de comunicación parcializados y manipuladores y sin organización popular efectiva, que caracterizan la democracia representativa).

Lo que la clase media puede y quiere aceptar hoy es una Constitución democrática burguesa, basada en el concepto del trabajo, que garantice tanto la propiedad privada como la democracia representativa proporcional, los derechos ciudadanos y sindicales, y restituya al Estado sus atribuciones y funciones esenciales. Sería indispensable además un cambio profundo de la doctrina de seguridad nacional, de los programas de formación de oficiales y suboficiales, y de las estructuras y métodos de los servicios policiales, de inteligencia y seguridad y de la Fiscalía.

Esto, que es el mínimo absoluto, aparece maximalista y es imposible en el marco legal actual, por eso lo único que puede hacer este “Congreso” es legitimar el plebiscito y así proclamar su propia ilegitimidad y su fin. Cualquier otra cosa anticipa violencia. Para evitarla, todas y todos a la calle.

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